PILAR MERA | A CORUÑA El futuro de casi 90 nuevas farmacias que están a punto de abrir en toda Galicia está en el aire. El motivo es una sentencia judicial que anula parte del concurso por el que la Xunta adjudicó los nuevos establecimientos, lo que deja en el aire la validez de las adjudicaciones. El fallo, emitido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el mes pasado, suspende algunos de los baremos de puntuación que estableció la Consellería de Sanidade cuando abrió el concurso en diciembre de 2006.

En concreto, el TSXG anula el criterio de valoración de los cursos de posgrado de los solicitantes, que daba el doble de puntuación (dos puntos frente a uno) a los farmacéuticos de hospital frente a los titulados en otras especialidades. Según el fallo, esta diferencia en el criterio es "una infracción del principio constitucional de igualdad", por lo que "anula" el baremo que puntúa los estudios de posgrado según las especialidades, al considerarlo "contrario a derecho". Es decir, que los fundamentos en los que se basó la anterior Consellería de Sanidade, presidida por la socialista María José Rubio, para convocar y otorgar las 87 nuevas farmacias (la mayoría de ellas, en la provincia de A Coruña) no son válidos, por lo que las puntuaciones que recibieron los solicitantes, en función de las cuales estos eligieron el ayuntamiento en el que abrirían la farmacia, ya no tienen validez.

El Supremo da así la razón a la Federación de Empresarios Farmacéuticos de Galicia (Fefga), que había presentado un recurso contra la convocatoria de la Xunta al considerarlo discriminatorio para los farmacéuticos de otras especialidades. Sin embargo, la sentencia del Supremo desestima las otras demandas incluidas en el recurso de Fefga, que también pretendía que el no tener una farmacia anterior no sirviera para desempatar entre dos solicitantes, como recoge la resolución del concurso público.

Así, es posible que muchos de los beneficiarios del concurso -convocado por Sanidade a finales de 2006 y resuelto en febrero de este año, a una semana de las elecciones autonómicas- que recibieron dos puntos por haberse especializado en farmacia de hospital queden ahora fuera de la lista al restar un punto, y viceversa: algunos de los aproximadamente mil farmacéuticos que se presentaron al concurso y que no lograron la puntuación necesaria para obtener una licencia podrían entrar en la nueva relación de adjudicatarios. Además, al moverse la lista también se mueve la posibilidad de elegir el ayuntamiento, por lo que el mapa de farmacias queda desbaratado. Más aún cuando en los últimos seis meses muchos de los adjudicatarios de las nuevas farmacias ya habían comprado o alquilado los locales. De todas formas, las consecuencias del fallo judicial son todavía impredecibles, y no se descarta que pueda acabar anulado el concurso entero. Aunque oficialmente la Consellería de Sanidade asegura que no tomará ninguna decisión hasta que estudie "en detalle" la sentencia, otras fuentes aseguran que la intención del gabinete jurídico de San Caetano es recurrir el fallo del TSXG ante el Tribunal Supremo.

Si es así, la Xunta tendrá que enfrentarse a un precedente jurídico que jugará en su contra: hace apenas unas semanas el Tribunal Supremo desestimó un recurso similar del Gobierno canario y ordenó el cierre de las 198 farmacias que el Ejecutivo isleño había adjudicado en 2001 con criterios erróneos.

Además, la sentencia del TSXG conocida ayer no es la primera que emite el máximo tribunal gallego contra la adjudicación de farmacias que realizó el Gobierno bipartito. Ya a principios de este año el Superior dictó otra sentencia, también tras un recurso presentado por los farmacéuticos, que obligó a la Xunta a reducir de 92 a 87 el número de farmacias que saldrían a concurso. Aquel fallo detectó errores en el censo empleado por la Consellería para establecer dónde era necesario instalar una nueva farmacia -la ley estatal obliga a que haya uno de estos establecimientos por cada 2.700 habitantes-.

"Esto va a ser un desbarajuste". Así define José Luis Rodríguez Dacal, presidente de la Federación de Empresarios Farmacéuticos de Galicia (Fefga), las consecuencias de la sentencia del Superior que anula los baremos de adjudicación de nuevas licencias de farmacias. La Fefga fue la que presentó el recurso contra la resolución de la Consellería de Sanidade que, en diciembre de 2006, convocó un concurso público para adjudicar 92 nuevas oficinas de farmacia, otorgando a los solicitantes que tuvieran la especialidad hospitalaria el doble de puntos que al resto. "No había ninguna razón para que hubiera esa diferencia, así que recurrimos. Ya habíamos recurrido con éxito el censo que usó la Xunta para establecer dónde y cuántas farmacias hacían falta", explica Dacal.

Según él, la anulación de los baremos de puntuación hará que "se desbarate toda la lista de adjudicatarios". "Calculo que más de la mitad de los 87 beneficiarios iniciales dejarán de serlo al restar esos puntos", dice Dacal, que además prevé un "aluvión de pleitos", porque "la gente que pierda su licencia, va a ir a los juzgados, claro, porque muchos de ellos ya han comprado el local y están a punto de abrir".

"La culpa fue de la anterior conselleira, que se empeñó en sacar adelante este concurso pese a que ya en enero de este año el TSXG falló contra él. En vez de paralizar entonces el concurso para ver cómo se resolvía el otro recurso, el bipartito aprobó las adjudicaciones en febrero, a una semana de las elecciones autonómicas", dice el portavoz de los farmacéuticos gallegos, que propone retomar desde cero todo el proceso. "La base del concurso está mal, así que habría que repetirlo todo desde cero con unos baremos como dios manda", dice.