REDACCIÓN | A CORUÑA / SANTIAGO La excesiva burocracia es una de las pegas más frecuentes cuando se habla de la Administración. Para mitigar esta percepción, la Xunta se ha propuesto eliminar trámites y papeleo. Así, el Consello de la Xunta aprobó ayer un proyecto de ley que supondrá la reforma de 24 normas autonómicas y la eliminación de al menos 50 trámites hasta ahora imprescindibles para abrir cualquier negocio o establecimiento.

El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que ayer ejerció la Presidencia del Consello en ausencia del titular del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, de viaje oficial en Iberoamérica, destacó la importancia de esta norma, la llamada Ley Ómnibus, que surge de la transposición a la normativa gallega de la directiva de servicios de la UE. Galicia se convertirá de esta forma en la comunidad española que impulsa el programa de reformas "más ambicioso" y se sitúa "a la vanguardia", puesto que el anteproyecto adapta 24 normas, mientras en otras autonomías como Castilla y León sólo cambian 18, Madrid, 16 y Canarias, 14.

Para explicar la dimensión del proyecto, que tras recibir ayer el visto bueno de la Xunta iniciará su trámite parlamentario y previsiblemente se aprobará en el primer trimestre de 2010, el conselleiro Alfonso Rueda insistió en que se trata de restar burocracia en todo aquello que sea posible, al igual que reducir la intervención de la Administración autonómica, con el objetivo de agilizar las iniciativas emprendedoras.

Según explicó, cuando la norma haya pasado por el Parlamento, se reducirán más de 50 autorizaciones que ahora precisan las empresas y particulares para ejercer su actividad, lo que será sustituido por una comprobación posterior por parte de la Xunta. Con todo, matizó que esta situación no supone que se eliminen los controles y garantiza que se seguirán llevando a cabo.

En esta misma línea, subrayó que ya no será necesario pedir autorización a distintos departamentos autonómicos para realizar actividades, simplemente se deberá comunicar el comienzo de la actividad, y será el Gobierno autónomo el que hará un trabajo de comprobación, lo que, según el conselleiro, supondrá una agilización en las actividades emprendedoras. Alfonso Rueda apuntó que lo que se persigue es que el Gobierno se adapte a las necesidades de la gente, y no que los emprendedores se adapten a exigencias burocráticas de la administración para comenzar su actividad. Otro de los aspectos importantes de la normativa, según explicó ayer Alfonso Rueda, es que se impondrá el silencio administrativo positivo, es decir, que cuando la administración no conteste en plazo, se interpretará de forma automática que se está autorizando la actividad. Esto supondrá cambiar por completo el sistema actual, ya que, hasta el momento, el silencio administrativo suponía una denegación implícita de la solicitud.

Uno de los aspectos sobre los que tendrá una mayor repercusión la nueva ley será el sector turístico, que aporta más del 10% del Producto Interior Bruto y del empleo de los gallegos. En este ámbito, explicó Rueda, se suprimen "prácticamente todas las autorizaciones" previas para iniciar la actividad.

Asimismo, la Xunta ha aprovechado esta adaptación de las normativas europeas para reformular su política de tasas y "reducir la carga fiscal a los emprendedores", de forma que se cree "un clima favorable" a la inversión como "impulso" para superar la crisis. Entre las normativas que se acogen a esta ley paraguas, se encuentran la que regula el libro y la lectura, patrimonio cultural, protección de animales domésticos, conservación de la naturaleza, vivienda, artesanía, seguridad industrial, Administración local, la normativa que regula las actividades feriales, la de juegos de Galicia o la de promoción o defensa de la calidad alimentaria. De esta manera, el ámbito de aplicación se extiende a cualquier servicio prestado a cambio de un remuneración económica, salvo sectores excluidos. Entre éstos, se encuentran servicios no económicos, financieros, comunicaciones electrónicas, transporte (incluidos portuarios), empresas de trabajo temporal, sanitarios, audiovisuales, juegos por dinero, actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública, determinados servicios sociales -atención a niños, vivienda social, apoyo a personas necesitadas-, servicios de seguridad privadas y los prestados por notarios y agentes judiciales designados por la Administración.

La directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo se inscribe en la llamada estrategia de Lisboa y propone cuatro objetivos principales para conseguir un mercado interior de servicios, que pasan por "facilitar" la libertad de establecimiento y libertad de prestación de servicios en la UE, reforzar los derechos de los destinatarios de los servicios en su calidad de usuarios, fomentar la calidad de los servicios estableciendo una cooperación administrativa efectiva entre los Estados miembros. Los países de la UE disponen hasta el 28 de diciembre para adaptar la legislación a la directiva y, en el caso español, el Gobierno ya inició la tramitación parlamentaria del proyecto de la conocida como ley paraguas.

El anteproyecto de ley Ómnibus presentado ayer en el Consello de la Xunta, además de para reducir la democracia, servirá para adaptar de una tacada 24 normas gallegas a la directiva de la Unión Europea sobre servicios que, entre otras novedades, hará más permeable el paso de trabajadores entre Portugal y Galicia. Debido al menor coste de mano de obra en Portugal y a que en el futuro ya no será obligado que las empresas lusas tengan sede en Galicia, se prevé que en determinados empleos y servicios la presencia portuguesa se acentúe en la comunidad gallega. Arquitectos, ingenieros industriales, fontaneros, electricistas, operadores de turismo, mecánicos o comerciantes ambulantes, entre otros profesionales, podrán operar libremente en Galicia el próximo año. Pero también aquellas empresas dedicadas a prestar servicios de mantenimiento, como en hospitales o en la hostelería. "En el momento en que los particulares y, sobre todo, los empresarios que precisen de los servicios de esos profesionales titulados detecten diferencias retributivas, los estímulos para contratar a quien quede al otro lado de la frontera crecerán proporcionalmente con el ahorro de costes que suponga el pago de estas tarifas", explicaba ayer un alto cargo de la Xunta. El intercambio de trabajadores se producirá entre ambos lados de la frontera, pero es de esperar que ante los salarios más bajos en Portugal, el tránsito hacia Galicia sea más intenso que al revés. El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que ayer ejerció la presidencia del Consello por primera vez en ausencia del titular del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, de viaje oficial en Iberoamérica, destacó la importancia de esta ley, que surge de la transposición a la normativa gallega de la directiva de servicios de la Unión Europea.