El plus de altos cargos no tiene vuelta atrás. Este complemento fue aprobado en 2007 y supone el pago adicional de unos 250 euros al mes para aquellos funcionarios que durante dos años continuados o tres interrumpidos desempeñen un alto cargo en la Administración. En su momento, se aprobó con los votos de PSOE y BNG y el apoyo del PP, pero el Bloque se desmarcó posteriormente y ahora demanda su retirada. Ayer se volvió a debatir su anulación en el Parlamento con motivo de la presentación de una iniciativa legislativa popular respaldada por 19.000 firmas y promovida por la CIG que chocó con el criterio de PP y PSOE, que defienden el mantenimiento del plus por considerar que mejora la profesión política e incentiva el paso de los funcionarios más competentes a cargos de responsabilidad.
El Bloque llevaba ya varios intentos de anular este complemento, pero todos se frustraron ante la posición férrea de socialistas y populares, que además censuraron el comportamiento incoherente de los nacionalistas por apoyar el pago del complemento y luego desdecirse.
Los argumentos del BNG fueron coincidentes con los del secretario xeral de la CIG, Xesús Seixo, que defendió en el Parlamento la iniciativa legislativa popular. Su principal tesis es que se permite a los altos cargos ascender a un nivel profesional que nunca van a poder conseguir los funcionarios de carrera que no pasen por un puesto de designación política. Seixo apeló a las políticas de austeridad para suprimir este complemento y aseguró que introduce una "concepción poco democrática" de la Administración.
"Resulta incomprensible que un alto cargo durante dos años pueda llegar a un nivel que ningún funcionario de carrera va a poder", comentó. "Tenemos la posibilidad de corregir una deriva gravemente errónea, discriminatoria y poco meditada en la regulación legal de las retribuciones de los funcionarios que desarrollan puesto de altos de cargos", añadió.
Sus explicaciones contaron con el único respaldo del Bloque. El diputado Alfredo Suárez Canal expuso que la incitativa popular era una forma de "corregir el error" y de "restablecer el prestigio y el crédito de la actividad política", sobre todo, añadió, porque responde a una "sensibilidad social" y permitiría destinar recursos a otras necesidades más urgentes. Para Canal, el Parlamento tenía ayer la oportunidad de impedir la creación de una "casta privilegiada de funcionarios" y permitir un ahorro anual de 3 millones de euros.
Sin embargo, estos argumentos chocaron con la postura del PP y del PSdeG. El portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, censuró la actitud "cínica, oportunista y demagógica" del Bloque por oponerse ahora al complemento cuando lo apoyó y votó con el bipartito. Miranda recusó los datos del Suárez Canal al asegurar que sólo 192 funcionarios reclamaron el plus salarial y las cantidades apuntadas por el diputados nacionalista triplican, "por lo menos", el coste real de esa partida. Añadió que este complemento se aplica en todo el Estado y permite "incentivar" a los funcionarios para que abandonen sus "posiciones cómodas" y la Administración pueda contar con los "mejores directivos".
José Manuel Lage, del PSOE, que también reprochó el cambio de discurso del Bloque y criticó la "demagogia'' de entrar en comparativas salariales, abogando por abrir un debate integral sobre el modelo de función pública e incluso sobre el acceso a los cargos directivos en la Administración. "Si no se tiene un salario determinado, estaríamos empobreciendo la función pública'', añadió.
Los diputados del BNG, con la excepción de Anxo Quintana, que ocupa un puesto en la Mesa del Parlamento, abandonaron ayer el hemiciclo en protesta por lo que consideran una "burla" del PP por abusar en la tramitación de los proyectos de la vía de urgencia y lectura única. Cuando se iba a estudiar la modificación de la ley de ordenación del comercio interior de Galicia, el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, anunció que su grupo no participaría en el debate, una actitud que justificó en que el PP está "abusando" de este trámite y constituye una "burla" al Parlamento. Así, adujo que el proyecto de reforma de la norma del comercio no cumple "de ninguna manera" los criterios para emplear la vía de urgencia que limita los debates y las enmiendas. Igualmente, el PSOE, que sí participó en el debate, también lamentó que el Gobierno de Feijóo muestre una actitud de "absoluto desprecio" al Parlamento, al que trata de convertir en un "apéndice inservible" del Gobierno.
