Desde que entró en vigor el Código Penal de 1995 se acometieron más de una veintena de reformas. La última, hace apenas un mes, incluye un endurecimiento de las condenas para los casos de corrupción y los delitos sexuales. Para los expertos en Criminología y Psicología, las sucesivas modificaciones legistativas han provocado un endurecimiento "desbocado" de los castigos penales. De "populismo punitivo" califican la "espiral diabólica" que se crea con las voces que denuncian que las "leyes son blandas"

R. P. / P. M. | A CORUÑA El asesinato de Mari Luz y Sandra Palo, la desaparición de Marta del Castillo o los abusos sexuales a Patricia Izquierdo por parte de su padrastro. Son algunos de los casos que más revuelo social provocaron y que echaron a la calle a miles de ciudadanos para manifestarse en contra de la pederastia, exigir un endurecimiento de las penas y su cumplimiento íntegro. Pero no todos están de acuerdo con esta demanda. Ya lo decía el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en una reciente entrevista a LA OPINIÓN. El Gobierno no legislará a golpe de manifestaciones sociales: "Corremos el riesgo de hacer un Código Penal poco reflexivo por la presión mediática". A estas manifestaciones se sumaron ayer las de dos expertos en Criminología y Psicología Social durante la presentación del libro In-tolerancia cero en Santiago.

Menos condenas de prisión y más reinserción. Esa es una de las medidas que, según aseguraron, solucionaría la saturación de los penales y frenaría la deriva hacia una sociedad "plenamente reaccionaria". Según el profesor de Criminología en la Universidad de Barcelona Santiago Redondo, hay un "desbocado" endurecimiento de los castigos penales que -aseguró- es fruto de una sociedad que demanda un "incremento terrible" de sanciones "para todo". Por ello, Redondo atribuyó la "inflación normativa" a la "creencia ingenua" de que crear más leyes "puede arreglar los problemas".

En su intervención, el catedrático de Psicología Social de la Universidad de Santiago Jorge Sobral destacó la importancia de que la sociedad conozca que los delincuentes puedan ser tratados psicológicamente con "más éxito de lo que se cree" y abogó por el papel de la rehabilitación. "No se trata del tiempo que una persona esté en la cárcel, sino de lo que hace en ella", apuntó Sobral, al tiempo que calificó de "populismo punitivo" la "espiral diabólica" que se crea cuando saltan voces que denuncian que las "leyes son blandas".

Las consecuencias las sufren los penales, todos sobresaturados. Tanto que España lidera la tasa de población penitenciaria por cada 100.000 habitantes en la Unión Europea. "Muchos reclusos padecen castigos ineficaces", sentenciaron.

La prometida modernización de la Justicia está cada vez más cerca para Galicia. Al menos, ese fue el mensaje que transmitió ayer la secretaria xeral de Modernización de la Xunta, Mar Pereira, tras participar en la reunión que se celebró en Madrid entre once comunidades y el ministro Francisco Caamaño. En el encuentro, los representantes de Galicia, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Canarias, Valencia, Navarra, Madrid, Cantrabia, Asturias y Aragón firmaron el convenio para adherirse al Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad en el ámbito de la Administración de la Justicia (EJIS), una plataforma informática que conectará las bases de datos de los tribunales de cada comunidad entre sí y también con la Fiscalía General del Estado. Será una "red de redes" que permitirá que "todos los tribunales y juzgados de España trabajen en red y en tiempo real; los jueces podrán tomar sus decisiones consultando bases de datos actualizadas", según Caamaño. El Ministerio está estudiando los programas informáticos que emplea en la actualidad cada comunidad y analizando el modo en que se conectarán entre sí, algo que se prevé pueda ser efectivo en marzo del año que viene.