M. VÁZQUEZ | SANTIAGO Adaptar el planeamiento urbanístico de los concellos gallegos a la normativa en vigor se ha convertido en uno de los caballos de batalla de los últimos gobiernos autonómicos. La complicación que conlleva tramitar un plan de ordenación municipal y la falta de medios para hacerlo, sobre todo en el caso de los ayuntamientos más pequeños, explica por qué la tramitación de estos proyectos suele convertirse en una tarea larga, compleja y en ocasiones casi interminable. Dos de cada diez ayuntamientos gallegos saben especialmente lo que cuesta sacar adelante un PGOM porque llevan rigiéndose desde hace 20 años o incluso más por la misma norma urbanística.

Son, en total, 62 concellos -25 de Lugo, 16 de A Coruña, 13 de Ourense y 8 de Pontevedra- en los que la única norma vigente en materia de urbanismo se aprobó antes de 1989, aunque en 13 de estos municipios el último reglamento tiene incluso más de tres décadas. Se trata de normativas obsoletas y en muchos casos subsidiarias que no cumplen la función de un auténtico plan general y que, evidentemente, tampoco están adaptados a la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (LOUG).

En esta situación se encuentran sobre todo ayuntamientos pequeños o rurales que llevan años sobreviviendo con una ordenación territorial muy básica, como las normas subsidiarias de planeamiento -de carácter temporal, más sencillas y de rango inferior a un PXOM- o incluso con un plan de ordenación municipal rural (POMR), una herramienta pensada para concellos eminentemente rurales. El único municipio grande que figura en este grupo es Pontevedra, que al igual que otros 11 concellos con normas obsoletas, lleva años tramitando su nuevo PXOM pero todavía se rige por el plan general aprobado en 1989.

Pero peor que la de estos concellos, es la situación de aquellos ayuntamientos que, a día de hoy, no tienen ningún tipo de reglamento urbanístico. Son 77 municipios sin planificación o, en el mejor de los casos, con una Delimitación de Suelo Urbano (DSU) básica para marcar el límite entre superficie urbanizable y rural.

En la práctica, ninguno de estos concellos está dentro de la legalidad ya que deberían haberse adaptado al nuevo marco normativo antes de enero de 2006. Pero no son los únicos. De hecho, sólo 39 ayuntamientos de los 315 que hay en Galicia tienen un PGOM aprobado conforme a la lei do solo de 2002, lo que significa que los 276 concellos restantes se encuentran al margen de la ley.

La lentitud en la elaboración de los planeamientos es un mal común a todos los municipios, incluso los más grandes, que tardan una media de cinco años en sacar adelante sus normas urbanísticas. Prueba de ello es que de las siete ciudades gallegas sólo Santiago, Vigo y Ourense tienen un PXOM en vigor adaptado a la LOUG.

Las continuas reformas normativas promovidas desde la Xunta tampoco ayudan a agilizar una tarea a la que los concellos, también los grandes, suelen dedicar años de trabajo.

Estos esfuerzos, sin embargo, pueden acabar por tierra si, como ocurrió en el año 2002, el Gobierno gallego aprueba una nueva ley urbanística que anula normativas anteriores y consecuentemente echa por tierra gran parte del trabajo municipal.

La Xunta se prepara ya para acometer una nueva reforma legislativa, le tercera revisión importante que sufre la lei dos solo impulsada por el último Gobierno de Manuel Fraga en sus siete años de vigencia y que, además, sólo será un paso previo a la aprobación de un nuevo marco urbanístico para Galicia. Sin embargo, y pese a la rapidez con la que la Xunta ha modificado la legislación de referencia para regular el urbanismo gallego, el Ejecutivo autonómico todavía no ha logrado aprobar las Directrices de Ordenación del Territorio 25 años después de recibir dichas competencias, ni impulsar el prometido Plan do Litoral para proteger uno de los puntos más sensibles al desorden urbanístico.