El objetivo es "mejorar la objetividad, transparencia y seguridad" de las oposiciones a funcionarios de la Xunta que últimamente han vuelto ha quedar en entredicho. Por ello, el Gobierno autónomo de Feijóo trabaja en una reforma de las instrucciones de funcionamiento de los tribunales de selección. Así lo aseguró ayer el conselleiro de Presidencia, Alfondo Rueda, quien puntualizó a este respecto, que ya se ha tomado la determinación de suprimir la externalización de los servicios de imprenta, maquetación y copistería.
El conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, aseguró a su vez que a la Xunta "no le temblará la mano" a la hora de "exigir responsabilidades" una vez se conozca el fallo del Juzgado de Instrucción de Santiago, al que la Fiscalía trasladó las diligencias tras advertir "indicios de delito" en los últimos procesos de selección, informa Europa Press.
"La Xunta asumirá las consecuencias", aseveró el conselleiro, quien respondió, a la interpelación formulada por el nacionalista Alfredo Suárez Canal, de forma solidaria en sustitución de la titular de Facenda, que se encuentra en Madrid, y según él mismo constató al inicio de su intervención. "El Gobierno actuó como tenía que actuar", aseveró.
Sin embargo, la contestación del dirigente autonómico no resultó suficiente para los grupos de la oposición, que demandó "responsabilidades" políticas en el seno de la Xunta. Así, tanto Suárez Canal como el diputado socialista José Manuel Lage Tuñas exigieron que el responsable autonómico de la filtración "asuma responsabilidades".
En este sentido, mientras que el parlamentario nacionalista pidió saber "quién" es el culpable político de que cinco opositores conociesen de antemano el contenido de las pruebas de los grupos C1 y C2; el diputado del PSdeG señaló directamente al director xeral de Función Pública y urgió su "dimisión".
Cruce de acusaciones
Ambos diputados recordaron que, cuando en 2007 se perdieron exámenes y gobernaba el bipartito, se tardaron apenas "cinco días" en que el alto cargo responsable de la función pública gallega dimitiese. "Y ahora han pasado dos meses", constató el impulsor de la interpelación, quien se ganó el aplauso unánime de la bancada de la oposición al término de su última intervención.
Por su parte, Alfonso Rueda explicó que el Gobierno gallego, además de haber abierto una investigación una vez se conoció la existencia de irregularidades, comenzó a trabajar para "reforzar los sistemas de control" en las convocatorias de empleo público para mejorar los procesos y que éstos "sean lo más transparentes posible". "Está claro que las instrucciones del bipartito no garantizan" la total limpieza de los procesos, concluyó al respecto de las medidas del anterior Ejecutivo cuando se perdieron los exámenes en 2007. "La culpa es del bipartito", ironizó, a continuación en su turno, Suárez Canal a modo de contestación sobre "quién es el responsable" político.
Así las cosas, Rueda además de explicar que se trabaja en la reforma de las instrucciones de funcionamiento de los tribunales de selección, el dirigente autonómico también recordó que se realizaron al menos 55 entrevistas a personas vinculadas con el procedimiento selectivo, se efectuaron visitas a las instalaciones que albergaron los procesos, se analizaron equipos informativos, se evaluaron estudios estadísticos y se cotejó de forma "exhaustiva" los resultados de los participantes en el proceso.
La polémica por las filtraciones de los exámenes se remonta a las pruebas realizadas para los llamados grupos C1 -para administrativos- y C2 -para las pruebas del cuerpo de auxiliares administrativos de la Xunta- en los meses de octubre y que concluyó con la expulsión de cinco opositores, sospechosos de conocer de antemano las respuestas.
