JULIO PÉREZ | A CORUÑA
Lejos de convertirse en el antídoto para auxiliar al deprimido sector del ladrillo, como la mayoría de administraciones vendieron al comienzo de la crisis tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la obra pública se sumergió el pasado año en Galicia en números rojos. Hay que irse hasta 2003 para encontrar una cifra inferior. La licitación de edificaciones y proyectos civiles entre enero y octubre se quedó en 1.900 millones de euros, un 21% por debajo de la partida acumulada en el mismo periodo de 2008. Casi 500 millones menos, el equivalente al desembolso que Gobierno central, autonómico y los locales suelen destinar a carreteras y ferrocarril en un semestre, pese a los esfuerzos económicos del Ministerio de Fomento -el gran inversor en la comunidad- y las inyecciones del Plan E para los concellos, que recibieron 490 millones.
Por eso fueron los ayuntamientos los únicos que pueden presumir de una evolución en positivo. De un ejercicio de inversiones récord pese a la delicada encrucijada económica que atraviesan muchos de ellos. La obra pública municipal acapara casi 609 millones en los diez primeros meses del pasado año: un espectacular incremento del 144%, según el último informe de la patronal española de la construcción, Seopan.
Todo lo contrario que los encargos que salieron de las arcas autonómicas, con un drástico recorte del 54%. La Xunta licitó obras por valor de 454,7 millones de euros hasta octubre frente al casi millón de euros a los que ascendieron los proyectos licitados en 2008. Detrás de esta caída en picado, que permitió por primera vez a los municipios gallegos adelantar al Gobierno gallego y colocarse como los segundos agentes más inversores en la comunidad, está no sólo la crisis y la falta de fondos que los populares están denunciando desde su vuelta a San Caetano por la disminución de los ingresos, sino también el propio proceso electoral, que paralizó las decisiones de inversión en precampaña y ralentizó el ritmo del gasto hasta la incorporación del nuevo Ejecutivo. Una situación que, sin embargo, no se repitió en el País Vasco, la otra región con comicios en 2009. Allí, las licitaciones del Gobierno autonómico aumentaron entre enero y octubre un 13%, muy por encima incluso del gasto de todos los ministerios.
El valor de los encargos de la Administración central en Galicia superó los 807 millones de euros, hasta un 28% menos que en el ejercicio precedente. Aún así, las obras solicitadas por Madrid absorben 43 de cada 100 euros que se invirtieron en Galicia. El 70% de las licitaciones estatales está en manos del Ministerio de Fomento, que, a la espera de los balances de noviembre y diciembre y las últimas obras incorporadas al Pacto del Obradoiro para el AVE gallego podrían paliar la gran diferencia con 2008. El avance de Seopan sobre las licitaciones en noviembre no desglosan las inversiones del Gobierno central y los ayuntamientos, pero sí las de los Ejecutivos autonómicos. Los 25,083 millones adjudicados por la Xunta apenas suponen un cambio en relación al mismo mes de 2008 -el gasto entonces se quedó en 21 millones de euros-, con lo que la radiografía a final del ejercicio de la obra pública del Gobierno gallego se quedará como una de las peores de la década.
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