X. A. TABOADA | SANTIAGO
Le queda por delante un largo recorrido de negociaciones con los ayuntamientos hasta su aprobación definitiva, que será antes de que acabe el año, pero el Plan de Ordenación del Litoral (POL) vio ayer la luz en su primer borrador tras ser evaluado por el Consello de la Xunta. El documento regula 212.000 hectáreas (el 7,2% de la superficie de Galicia) de franja costera y propone la prohibición para edificar en 66.000 hectáreas de ellas, un 31% del total, mientras que en otras 46.242 hectáreas se podrán acometer desarrollos urbanísticos, aunque con restricciones para preservar el medio natural. En el resto, 100.000 hectáreas, la construcción queda limitada sólo por los planes municipales. La aplicación práctica de esta norma, según indicó la Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas e Territorio, supondrá que en la parte más próxima a la costa tan sólo se podrá continuar urbanizando en los núcleos urbanos y rurales ya existentes.
Más que como un documento para reducir la superficie urbanizable existente, el documento nace para evitar en el futuro un crecimiento desordenado y excesivo en el área de Galicia que soporta la mayor presión urbanística. Así que, tal como informó Medio Ambiente, sólo se propone eliminar la posibilidad de construir en el 2% de la superficie urbanizable aprobada por los ayuntamientos, lo que supone quitar al ladrillo unas 220 hectáreas.
En el borrador del POL presentado ayer sólo se divulgaron las grandes líneas. El detalle concreto de cómo quedará en cada municipio la planificación urbanística y los metros exactos de protección queda para más adelante y sujeta a los cambios que surjan de las negociaciones con los ayuntamientos. El POL de la Xunta sustituirá a la ley de medidas urgentes aprobadas por el bipartito que prohíbe toda construcción en los 500 primeros metros a partir de la línea de playa. Esta ley, que sigue vigente hasta el 17 de mayo, porque fue prorrogada por la Xunta del PP, supuso la paralización del urbanismo en 86.600 hectáreas, si bien tenía carácter transitorio hasta que Galicia contara con una Plan del Litoral que indicara exactamente dónde se podía edificar en la costa y dónde no.
La prohibición que establece ahora el Plan de Ordenación del Litoral evaluado ayer por el Gobierno gallego es de 66.000 hectáreas, aunque sumando las áreas con algún tipo de protección se llega a las 112.000 hectáreas, el 52,8% de toda la franja costera regulada. El primer nivel de ordenación territorial establecido por la nueva Xunta es el llamado de especial protección, donde no se podrá edificar. Son en total 45.746 hectáreas encima del mar que en un 95% de su longitud reduce la línea de los 500 metros establecida en la ley del bipartito. La prohibición de construir también se extenderá a otras 20.000 hectáreas conformadas por los cauces fluviales, sumando así casi 66.000 hectáreas de restricciones totales.
Otra zona de protección, pero menor, es la llamada de mejora ambiental y paisajística, que abarca 46.242 hectáreas y cuya línea divisoria supera en un 43,5% la frontera de los 500 metros. En esta superficie sí se podrá edificar, pero con severas condiciones con el objeto de preservar el medio natural y causar el mínimo impacto.
Al margen de Plan de Ordenación del Litoral quedan las plantas de acuicultura y otras infraestructuras consideradas de interés autonómico. Aunque no estén recogidas, estas instalaciones podrán sacarse adelante previa aprobación del pertinente plan sectorial que determina su incidencia supramunicipal, que corresponde al Gobierno autonómico. Esta figura es la que permitirá, por ejemplo, continuar con la piscifactoría de Touriñán o poder implantar parques eólicos en el litoral.
El POL, presentado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, tras la reunión del Consello de la Xunta iniciará en breve su recorrido por los ayuntamientos para que estos aporten sus alegaciones. Tal como indicó el conselleiro, el 17 de mayo expira la ley de los 500 metros y ya no hará falta prorrogarla, porque, aunque los municipios podrán retomar la actividad urbanizadora, ésta deberá ajustarse a lo que establece el Plan de Ordenación del Litoral y a las restricciones que marque
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