UJUÉ FOCES | ENV. ESPECIAL A MADRID
Los Grapo desplazaron a Vigo a los activistas Fernando Silva Sande, Israel Torralba Blanco, Marcos Martín Ponce, Mónica Refojos y Esther González para perpetrar el asalto al furgón blindado de Prosegur en el que murieron acribillados a tiros dos vigilantes jurados el 8 de mayo de 2000.
La orden directa la habría dado Manuel Pérez, Camarada Arenas y secretario general del PCR, mientras que José Luis Elipe se habría ocupado de la falsificación de los documentos para el alquiler del piso y la compra de un coche.
Estas son las conclusiones de la fiscal a tenor de las pruebas periciales y biológicas defendidas ayer por los peritos judiciales en la tercera jornada del juicio celebrado en la Audiencia Nacional.
Las pruebas biológicas sitúan de forma directa a Martín Ponce y Mónica Refojos en el lugar del atentado terrorista de los Grapo en Vigo. Análisis genéticos y de ADN certifican que la sangre hallada en el Opel Kadet de los atracadores, en la calle y en una cazadora corresponde a Martín Ponce. Él sería el grapo herido al intentar acceder al furgón blindado por el disparo del único guardia jurado que salvó la vida.
La presencia de Mónica Refojos en el atraco está refrendada por una huella suya identificada en una bolsa de plástico donde se guardaba una mochila con otras cuatro bombas lapas que fue abandonada por los asaltantes en su huida.
La fiscal sostiene que la presencia en la ciudad olívica y la participación directa de Silva en el atentado viene probada por su declaración durante el juicio, ya que relató que participó en la preparación del atraco, pero negó haberse desplazado a Vigo. El Ministerio público estima las declaraciones de los demás procesados, que le señalaron como el principal responsable del operativo, y de la también acusada Esther González, ex pareja de Israel Torralba, que durante la instrucción del sumario manifestó que se desplazó a Vigo con Israel y coincidió con Silva Sande, Mónica Refojos, bajo el alias de María, y Marcos Martín Ponce.
Los informes grafológicos , según los peritos que testificaron ayer, indican que Silva Sande es autor de los escritos sobre las tapas de madera de las pequeñas tarteras usadas como bombas lapa, cargadas con 500 gramos de pentrita, así como de la crónica manuscrita del atentado de Vigo donde se detalla el papel de cada uno de los procesados con sus alias e iniciales: Chus, sería Martín Ponce; Luis, Israel Torralba; Aida, Esther González, y María, Mónica Refojos.
Análisis grafológico
Silva Sande relata en dicho documento que el artificiero del comando de los Grapo en Vigo tuvo que ser sustituido porque resultó herido; que María recogió las sacas del dinero, y que Aida hizo estallar la tercera bomba, mientras que Luis habría explosionado la primera.
En el domicilio de Silva Sande en París se hallaron también fotos y recortes de prensa del atentado con anotaciones que los peritos grafológicos le atribuyen. Las autoridades francesas se incautaron, en el momento de su detención, en 2003, de una carpeta con anotaciones del atentado de Vigo y 15 ejemplares del comunicado reivindicativo enviado por los Grapo a la prensa.
Israel Torralba, que asumió durante el juicio la preparación y participación de la "expropiación" del dinero del furgón a la vez que acusó a Silva Sande de ser el máximo responsable de la acción, fue identificado por testigos y mediante un estudio fisionómico como la persona que adquirió el vehículo Opel Kadet y lo aseguró antes del asalto.
Las pruebas, siempre según la Fiscalía, se ven reforzadas por la declaración de su pareja sentimental entonces, Esther González, que declaró en la instrucción que se desplazó con él a Vigo y alquiló también aquel mes de mayo de 2000 un piso en Madrid, donde se hallaron huellas dactilares, tanto de ella, como de Israel Torralba y Mónica Refojos.
La presencia de Martín Ponce en la comisión de París donde se acordó el asalto al furgón blindado de Vigo, reconocida por él durante el juicio, y la identificación de su ADN en la sangre hallada en Vigo tras el tiroteo no son las únicas pruebas para la fiscal que relata que aportó datos durante el juicio "que sólo podía conocer de primera mano, como que si hubiera sido por Silva Sande el tercer guardia jurado también habría muerto".
En el caso de Esther González, reconocida fotográficamente por algún testigo como una de las personas que abandonó el Opel Kadet del comando en Sárdoma, el Ministerio público resalta que en el piso que había alquilado en Madrid se halló un coche teledirigido para albergar varios tipos de fiambrera que se utilizan como bombas lapa.
Finalmente, la Fiscalía sostiene que Manuel Pérez, Camarada Arenas, está implicado no sólo por la declaración en su contra de Silva Sande, sino por la prueba pericial de inteligencia de la Guardia Civil que destaca que el grapo no da ningún paso sin autorización y conocimiento.
Así, los documentos intervenidos en su domicilio en Francia incluyen un soporte informático con el comunicado reivindicativo del atentado de Vigo y varias copias en inglés. El Ministerio público solicita su condena "por el dominio de los hechos que se ejecutaban bajo sus órdenes".
Tras tres jornadas maratonianas, el tribunal de la Audiencia Nacional escuchó ayer las conclusiones del Ministerio fiscal, que modificó su calificación provisional y rebajó en nueve años las peticiones de condena para los cinco acusados, con la excepción de Esther González Ilarraz, tras retirarles el cargo de pertenencia a organización terrorista, al considerar que se trata de un delito por el que ya habían sido condenados anteriormente.
El juicio, sin embargo, no pudo quedar visto para sentencia, ya que, por parte de la defensa, sólo dio tiempo a que expusiese su informe el abogado de Fernando Silva Sande. La vista se suspendió hasta el próximo lunes, cuando será el turno del resto de los letrados y la vista quedará conclusa a la espera de la sentencia.
Con los cambios efectuados por la fiscal, la petición de penas se modifica para todos excepto para Esther González, para la que se mantienen los 152 años de cárcel que se solicitaban inicialmente. En el caso de Israel Torralba, que al inicio del juicio se enfrentaba a 155 años, la cifra se rebaja a 146 años. Para los procesados Mónica Refojos Pérez, Marcos Martín Ponce, Fernando Silva Sande y Manuel Pérez Martínez, Camarada Arenas, el Ministerio público demanda, al retirarle el delito de pertenencia a organización terrorista, 143 años de encarcelamiento, cuando al principio eran 152.
Finalmente, para José Luis Elipe López pide tres años de cárcel, y no doce, al importarle únicamente un delito continuado de falsedad en documento público por supuestamente falsear la documentación con la que Israel Torralba habría alquilado el coche modelo Opel Kadet en el que huyeron del lugar del atentado y el garaje en el que lo guardaron.
