X. A. TABOADA | SANTIAGO
Puesta de largo para el Plan de Ordenación de la Xunta. El Gobierno gallego lo presentó ayer en un hotel de Santiago, y usando una escenografía muy similar a la del bipartito, ante unas 150 personas entre las que figuraban alcaldes, empresarios, varios conselleiros, representantes de los partidos y de asociaciones ecologistas, y el presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso. A partir de ahora y por un periodo de dos meses, los ayuntamientos podrán remitir a la Xunta las aportaciones que consideren oportunas a un documento diseñado para regular los usos de la costa y preservarla de la presión urbanística.
El principal efecto práctico del Plan de Ordenación del Litoral (POL) será la reducción del suelo urbanizable planificado por los 84 municipios de la costa gallega. Según los datos facilitados por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, la superficie urbanizable actual que no cuenta con ningún desarrollo urbanístico asciende a 10.442 hectáreas y el POL prohibirá la construcción en 2.763 hectáreas, lo que representa un 26,5% del total.
De ellas, un total de 1.078 se encuentran en los primeros 500 metros a contar desde la línea de playa, que es la zona más apetecible para urbanizar. El resto se corresponde con las áreas situadas más en el interior y las franjas próximas a las cuencas de los ríos, que ahora tendrán la máxima protección también.
Vía libre
De esas 2.763 hectáreas que dejarán de ser aptas para el urbanismo, 1.200 pertenecen a las Rías Baixas. El resto se reparten entre las provincias de A Coruña y, en menor media, Lugo. En otras 2.742 hectáreas de suelo urbanizable la Xunta impondrá importantes restricciones. Se podrá construir, pero con muchas limitaciones para causar el mínimo impacto visual y paisajístico. Y en casi 5.000 hectáreas, los ayuntamientos no tendrán más criterios que los que marquen en sus respectivos planes de ordenación municipal. En este caso, la Xunta le deja vía libre.
De la presentación en sociedad se encargaron ayer el presidente la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, y el director xeral de Sostibilidade e Paixase, Manuel Borobio.
Ante un documento que se prevé polémico en su tramitación por afectar a una actividad tan sensible como el urbanismo, Feijóo apeló a la voluntad, el esfuerzo, el apoyo y el concurso de todas las instituciones, fuerzas políticas y asociaciones para un plan que, dijo, recoge la singularidades de la costa y está hecho a la medida de Galicia. "No se trata de prohibir con carácter general sino de regular con criterio restrictivo las distintas áreas en función de su valor paisajístico y social", destacó el presidente. Tras recibir las aportaciones de los municipios, la Xunta aprobará el plan en mayo, tras lo que lo someterá a información pública con la previsión de aprobarlo de forma definitiva en diciembre.
La portavoz de Ordenación Territorial del PSOE, Mar Barcón, consideró ayer que el Plan del Litoral es un documento de "buenos deseos y propósitos", pero sostuvo que las primeras decisiones políticas "fueron en sentido contrario", como autorizar la piscifactoría en Touriñán.
Por su parte, el portavoz del grupo del Bloque, Carlos Aymerich, entiende que las líneas presentadas por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "alientan" la "destrucción" de la costa gallega y devuelven al "desorden" urbanístico.
En un análisis preliminar del documento, la diputada socialista indicó que, en su literalidad genérica, el PSdeG "comparte" esos "buenos deseos" del Gobierno, pero avisó de que si bien no tiene una mala palabra, tampoco incluye una buena acción. Carlos Aymerich apuntó que, con este plan, el PP practica una política de "hechos consumados" con la intención, a su juicio, de "defender los intereses de sus amigos y de los grandes constructores", lo que aboca a Galicia a un regreso del "desorden urbanístico que siempre caracterizó al PP", agregó.
Por su parte, Adega reclama a la Xunta que prorrogue la prohibición de construir en los primeros 500 metros del litoral y la Confederación de Empresarios destaca que el plan permite disipar las dudas y marcar unas reglas de juego generales.