Los problemas para identificar a los dueños de los caballos que viven en los montes gallegos siguen sin resolverse. Casi 15 meses después de la aprobación del decreto regulador del sector en la comunidad sigue siendo imposible cuantificar los ejemplares que viven en estado salvaje en Galicia, con estimaciones que varían desde los 20.000 que da la Xunta hasta los más de 35.000 que señalan algunos grupos ecologistas.
Para acabar con esta laguna, directamente relacionada con la escasa implantación de los microchips y las marcas visuales obligatorias en estos caballos, la Consellería de Medio Rural recurrirá a una doble vía: ofrecer ayudas incentivadoras para la identificación de las reses y aplicar al pie de la letra la Ley de Sanidad Animal, que persigue con multas de entre 600 y 60.000 euros la tenencia o transporte de animales sin la correspondiente identificación cuando, como en este caso, sea obligatoria.
Los propietarios de caballos salvajes en Galicia siempre han sido reacios a identificarlos y durante décadas han logrado eludir gracias a este anonimato cualquier tipo de responsabilidad por las acciones de sus caballos e incluso por el trato que les dispensan. Así, y pese a las reiteradas denuncias de ecologistas e incluso agentes del Seprona por el uso de las llamadas pexas o cepos de madera para limitar la movilidad de estos animales y evitar que huyan, la Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia reconoce que en los últimos años no ha habido ni un solo procedimiento judicial relacionado con esta forma de maltrato animal.
El decreto promulgado por Medio Rural durante la anterior legislatura pretendía acabar con este tradicional desorden en el sector equino, regulando el registro e identificación legal de los caballos y creando una base de datos con todas las explotaciones. Para ello, la normativa aprobada a finales de 2008 establecía un sistema de identificación obligatorio para todos los caballos consistente en la colocación del transpondedor o microchip en el cuello del animal, la asignación de un Número Permanente Único y, en el caso de los caballos criados en estado salvaje o semisalvaje, una marca visual (un crotal colocado en la oreja o una pulsera en una de las patas anteriores).
El resultado de la medida, tras cumplirse en diciembre el año de moratoria que fijaba el propio decreto para regularizar la situación de las reses, es desalentador. El director xeral de Gandeiría, Manuel Castro-Gil, reconoce que en estos momentos los únicos animales que, con seguridad, están identificados conforme a los requisitos que fija la ley son los 1.500 caballos pertenecientes a la denominación Pura Raza Galega, inscritos en el correspondiente libro genealógico y sometidos a todos los controles administrativos y sanitarios. "El problema que tenemos aquí es que, según estimaciones aproximadas, unos 20.000 caballos salvajes repartidos por los montes de la comunidad. Y es evidente que el sector equino en Galicia no es como, por ejemplo, el andaluz", explica.
Por ello, Medio Rural ultima una orden en la que se ofrecen ayudas procedentes de los fondos comunitarios para financiar la colocación del transpondedor en los caballos que viven en semilibertad. Se trata de una medida para "incentivar" la identificación del ganado y que se dirige "en exclusiva" a los propietarios de animales salvajes. Además, Castro-Gil explica que la orden también "habilita" a la red de veterinarios de Galicia para "poder instalar" los correspondientes transpondedores, distribuidos por la Xunta para garantizar la homogeneidad del dispositivo. Se trata de un proceso "complejo", como aclara el responsable de Gandeiría, que va "más allá" de la colocación del microchip ya que en el momento de la identificación electrónica del animal los veterinarios también deberán cumplimentar el llamado LISE o libro de identificación y sanidad equina e introducir todos los datos asignados al animal en una aplicación estadística de la Xunta para que queden registrados.
La complejidad de poner en marcha todo el sistema y la necesidad de adaptarse al modelo de LISE del Ministerio de Medio Ambiente -que a finales de 2009 sacó un decreto regulando esta misma cuestión- justifican, según Castro-Gil, el retraso de "varias semanas" entre el fin de la moratoria y la publicación de la orden que fija las ayudas para la identificación de caballos y habilita a los veterinarios para poder realizar esta labor.
Con todo y pese a este último intento por facilitar a los propietarios de caballos salvajes el proceso de identificación, la Consellería de Medio Rural insiste en que con la ley en la mano está en disposición de sancionarlos desde mediados de diciembre. "Si un animal causa problemas y no tiene la correspondiente identificación, en caso de no tener dueño, será sacrificado, y si lo tiene, se aplicará la sanción fijada en la Ley de Sanidad Animal", explica el subdirector xeral de Gandeiría quien añade que aunque no está previsto establecer un refuerzo de los controles en el monte, quien se atreva a "vender o mover un caballo que no tiene los papeles en regla se arriesga a multas muy importantes".
La necesidad de regular las explotaciones equinas fue justificada en su momento por el bipartito por las particulares características de una parte muy importante de este sector en Galicia, compuesta por animales "en régimen de libertad y por un sistema de explotación extensivo". Además, el decreto de 2008 reconocía las carencias del método utilizado para identificar a los équidos, que se basaba en un único documento (el llamado pasaporte) válido sólo dentro de la comunidad y que no ofrecía garantías para un "efectivo control sanitario de los animales" ni satisfacía la demanda de los consumidores de asegurar la "trazabilidad y seguridad" de los productos destinados a consumo, ni tampoco la demanda social de "respeto a las condiciones de bienestar a los animales o de la responsabilidad de los propietarios cuando estos causaban daños a terceros".
Sacrificados sin marca ni chip
La todavía reciente regulación del sector y el reducido número de operaciones de compra-venta de ganado equino en Galicia (sobre todo, en comparación con otras especies animales) pueden explicar el hecho de que, en la práctica, se sigan moviendo caballos con relativa facilidad a pesar de que no cuenten con todos los requisitos de identificación y control sanitario que exige la normativa. "El matadero le tiene que exigir al propietario los papeles pero de momento se hace la vista gorda", comenta un veterinario gallego vinculado al sector equino.
La Ley de Sanidad Animal de 2003, sin embargo, exige la correspondiente identificación del ejemplar tanto para su sacrificio para destinarlo a consumo humano, como para su venta y traslado entre comunidades o fuera de España. Este requisito no se cumple algunas veces en Galicia y según reconoce gente del sector, los mataderos se hacen cargo del animal para su posterior comercialización aunque no lleve microchip ni el correspondiente documento de identificación individual. En otras ocasiones, cuando la intención es enviar la carne del animal a otra comunidad autónoma como Madrid o Cataluña (donde existe bastante demanda entre las carnicerías) incluso se llega a falsificar la documentación, otra de las infracciones graves previstas en la normativa de sanidad animal.
Fuentes del sector justifican el rechazo de los propietarios de caballos salvajes a identificar sus reses en parte por tradición, en parte por motivos económicos y en parte para evitar asumir responsabilidades por los actos de sus animales o por los suyos propios. Colectivos ecologistas como Amigos da Terra llevan años denunciando la impunidad de la que gozan muchos propietarios que utilizan las pexas (grandes cepos de madera que limitan la movilidad del animal) como un mecanismo para mantener controlados a distancia a sus caballos. Las heridas que estos artilugios provocan en los animales, provocándoles incluso la muerte, generan cada año decenas de denuncias ante el Seprona pero las dificultades para identificar a sus propietarios impiden adoptar las medidas disuasorias que fija la ley. Además, en Galicia se producen con relativa frecuencia accidentes de tráfico provocados por caballos salvajes y la falta de identificación electrónica o visual salvaguarda también al propietario de las responsabilidades derivadas.
Por otra parte, la colocación del microchip -que hasta que salga la orden de Medio Rural aún no está subvencionada con fondos de la UE- cuesta unos 30 euros, por lo que muchos ganaderos argumentan que no les compensa la inversión, teniendo en cuenta que no hay garantías de que el animal sobreviva y que un potrillo se vende en Galicia de media a 40 euros.
