P. MERA | A CORUÑA
A Coruña y Pontevedra contarán este año con un nuevo juzgado cada una. Así se acordó en la Comisión Mixta formada por la Administración autonómica y la judicial, que se reunió ayer en A Coruña para decidir dónde se ubicarían los dos tribunales que el Gobierno central concedió a Galicia el pasado mes de diciembre, y que se suman a los nueve juzgados y a las dos plazas de magistrados que ya se habían comprometido en noviembre para la comunidad.
Así, A Coruña tendrá un nuevo juzgado de Primera Instancia -el número 13 de la ciudad, aunque dos de ellos están especializados en Familia- y Pontevedra, su primer tribunal de lo Social. Antes del encuentro, tanto el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, como el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, aseguraron que la ubicación de los dos tribunales ha sido elegida en función de las "necesidades más acuciantes" de la Justicia gallega. Además, Rueda aseguró que tanto el nuevo tribunal coruñés como el de Pontevedra comenzarán a funcionar este año, el mismo plazo que se dio para las once unidades comprometidas en un primer momento por el Gobierno central.
De aquellas once unidades, Xunta y TSXG acordaron en noviembre destinar dos de ellas a plazas para los llamados "jueces volantes" -sin destino fijo y con la misión de reforzar puntualmente los tribunales más escasos de medios-; otras dos a plazas de magistrado, para la sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG, y las siete restantes se distribuyeron en tres juzgados nuevos en la provincia coruñesa (el número 3 de lo Social en Santiago, el 4 de Primera Instancia e Instrucción de Betanzos y el 8 de Instrucción de A Coruña), uno en Lugo (de Vigilancia Penitenciaria), otro en Ourense (de lo Social) y otros dos en Pontevedra (de lo Penal) y Vigo (de Primera Instancia).
Aunque la Xunta había solicitado 36 nuevas unidades, en un principio estas once fueron las únicas plazas que el Gobierno central concedió a Galicia, dentro del reparto de nuevos tribunales y plazas que el Ministerio de Justicia hace cada año entre todas las comunidades. Sin embargo, y ante la disposición del Gobierno gallego a hacerse cargo de las plazas que fueran rechazadas por otras comunidades, el ministro, Francisco Caamaño, anunció en diciembre que Galicia podría contar con dos unidades más, que fueron ayer distribuidas por la Comisión Mixta.