P. PÉREZ | SANTIAGO
Si prosperase la iniciativa del Ayuntamiento catalán de Vic de no empadronar a los inmigrantes sin papeles, más de 21.000 extranjeros en Galicia se verían privados de derechos básicos como la sanidad o la educación. Aunque en el padrón municipal de 2009 constan registrados en la comunidad gallega 106.637 extranjeros, sólo 85.818 cuentan con tarjeta de residencia en vigor. Eso significa que uno de cada cinco inmigrantes se encuentra en situación irregular, lo cual no les impide estar censados en los ayuntamientos y acceder a la tarjeta sanitaria de la Seguridad Social, a la escolarización de los hijos, a la justicia gratuita o la concesión de becas.
La cifra de extranjeros indocumentados se ha incrementado además ligeramente (un 4,3%) desde el último proceso de regularización abierto en 2005 y buena parte de ese colectivo que vive sin papeles son menores de 14 años. Uno de cada cuatro extranjeros en situación ilegal es un niño.
De los 13.205 que constan empadronados, sólo 8.400 tienen permiso de residencia. El 36% restante, unos 4.800 menores, no dispone de autorización para residir en el país.
En la mayoría de los casos estos niños llegan a la comunidad de la mano de sus padres, inmigrantes que pueden tener o no los papeles en regla, y que buscan reagrupar a su familia en España. La vía que utilizan los adultos para regularizar su situación es un contrato de trabajo, pero esta fórmula no sirve para los menores y de ahí que haya un número tan elevado de niños extranjeros en situación irregular.
Defensor del Pueblo
Aunque no dispongan de permiso de residencia, pueden empadronarse y eso les garantiza ser escolarizados. A los dos años el Gobierno español les permite regularizar su situación siempre y cuando sus padres acrediten que disponen de recursos económicos. Los sindicatos no entienden por qué han de esperar ese periodo de dos años para obtener una autorización de residencia, y que condenen así a estos menores a estar dos años en situación ilegal.
Pero también está el caso de los niños inmigrantes que no están acompañados de ningún adulto y pasan a estar bajo la tutela de la Xunta. Cuando cumplen la mayoría de edad es obligatorio regularizar su situación pero el Defensor del Pueblo ha denunciado la demora de la Administración en tramitar los papeles de estos jóvenes, lo que provoca que terminan saliendo a la calle con 18 años sin tener los papeles en regla.
La mayor bolsa de inmigración ilegal se encuentra en Pontevedra. De hecho casi la mitad de los extranjeros sin papeles reside en esta provincia -un total de 9.595-. La cifra de ilegales en la provincia de A Coruña ronda los 5.800. Mientras, en Ourense habría, al menos, 15.558 sin papeles y en Lugo unos 13.500.
Para empadronarse no es necesario contar con permiso de residencia, por esa razón las cifras del padrón municipal son las que más se acercan al número real de extranjeros que hay viviendo en Galicia. Según los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística, el total de inmigrantes que reside en la comunidad autónoma supera los 106.000. A pesar de la crisis, este censo se ha incrementado con respecto al pasado año en 11.000 personas.
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