Su trabajo consiste en revisar las cuentas, los concursos y todo el papeleo oficial de un ayuntamiento o diputación para asegurarse de que se ajustan a la ley. Y si ven cualquier atisbo de ilegalidad, deben advertírselo por escrito al alcalde. El de los funcionarios con habilitación estatal —técnicamente trabajan para el Estado, pero desempeñan sus funciones en el ámbito local— es un trabajo bien pagado pero "extremadamente delicado y ejercido bajo mucha presión", según la Asociación Sindical de Funcionarios con Habilitación Estatal (Aesfal), que denuncia lo "expuestos" que están estos empleados públicos al poder de los alcaldes, con los que trabajan a apenas unos metros.

"Nosotros somos los que tenemos que controlar al alcalde, estamos a obligados a decirle que no y advertirle de las ilegalidades que comete o de los excesos en los gastos. Y, al mismo tiempo, él puede bajarnos el sueldo, abrirnos expedientes disciplinarios o incluso despedirnos", explica Vicente Calvo, de la directiva de Aesfal. Según esta asociación, en la que se agrupan unos 200 habilitados de los 600 que ejercen en Galicia, para la mayoría de los regidores su trabajo es "una molestia" de la que tratan de librarse convocando plazas "a medida" de funcionarios afines o eligiéndolos por libre designación, en el caso de los ayuntamientos grandes. Además, Calvo destaca que desde 2007 es la Consellería, en lugar del Ministerio, la encargada de resolver los conflictos entre alcaldes e interventores. Otra de las "tretas" a las que, según Aesfal, recurren los alcaldes para esquivar el control de interventores y secretarios es contratar a asesores legales que no están sujetos al control público ni a la jerarquía funcionarial para "cubrirse las espaldas" en caso de que una supuesta irregularidad llegue a juicio.

En el otro lado del debate, fuentes municipales acusan a "algunos" interventores y secretarios de "decir a todo que no sólo para hacerse notar". Muchos regidores culpan a estos funcionarios de boicotear el desarrollo del municipio con trámites y "pegas" legales.

Contra el hermano de Rueda

Un ejemplo de estas tensiones es el municipio coruñés de Ames, cuyo alcalde, el socialista Carlos Fernández (también presidente de la Fegamp), se enfrentó públicamente con su interventor —hermano del conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda—, responsabilizándolo del retraso en el cierre de los presupuestos locales. Aesfal advierte de que además del caso de Ames, y de otros que salieron a la luz como los de Vilagarcía, Cambre o Betanzos —donde la alcaldesa despidió al interventor hace unos meses—, hay "muchos otros ejemplos" de presiones, tensiones y mobbing "injustificables".