La Xunta, obligada a gastar 170.000 euros en pruebas que antes hacía el Gobierno

PILAR MERA Hace tres años, el Gobierno central aprobó una reforma legal según la cual las oposiciones para obtener una plaza de habilitado estatal ya no las convocaría el Ministerio, como hasta entonces, sino las comunidades autónomas. Este cambio, aprobado por las presiones de Cataluña, ha supuesto un sobrecoste del proceso, pues en lugar de tres o cuatro tribunales para toda España en cada convocatoria, ahora habrá al menos 17. Las comunidades estiman que convocar al tribunal, hacer las pruebas y formar a los funcionarios cuesta unos 8.000 euros por cada plaza. Así, la Xunta gastará 170.000 euros en las 21 plazas de secretario e interventor que convocó el mes pasado, y sin la seguridad de que ese gasto revierta en la comunidad, pues la reforma de 2007 también permite que los funcionarios saquen la oposición en una comunidad y luego ejerzan en otra, una hipótesis contra la que la Xunta ya está estudiando medidas, como obligarlos a pasar un tiempo en Galicia, tal y como advirtió al Ministerio el director xeral de Administración Local, Norberto Uzal.