–¿Es independiente la Justicia?

–El manifiesto da respuesta a ese interrogante. Lo que se necesita es independencia del poder político y autonomía presupuestaria. En cualquier caso, quiero destacar que este manifiesto se está fraguando en el correo interno de los jueces y magistrados. Pese a las filtraciones que pueda haber, estamos manteniendo toda la reserva posible. De momento no tenemos intención de oficializar su difusión porque estamos recabando adhesiones.

–En el manifiesto, ponen sobre la mesa la injerencia política en el Poder Judicial. ¿Es real esa separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial?

–Autonomía presupuestaria en el Poder Judicial no la hubo nunca. Es un elemento fundamental para la independencia. En aspectos como el nombramiento de los consejeros, en el primer Consejo General del Poder Judicial 12 de sus 20 miembros eran elegidos por los propios jueces y magistrados. Ese Consejo tenía un respaldo de la carrera judicial, que los posteriores Consejos no tuvieron porque en su integridad han sido elegidos por las Cortes Generales. En ese sentido, hay una diferencia de calidad importante. En cualquier caso, la idea que se expone en el manifiesto respecto a la necesidad de que el Consejo sea elegido en el modo que estamos defendiendo no tiene nada que ver con las personas que en cada momento estuviesen en esos puestos del Consejo, sino con el sistema. Y el actual sistema no favorece una imagen de independencia.

–Los jueces que suscriben el documento hablan de un procedimiento de contaminación progresiva del espacio judicial. En la práctica, además del sistema de elección, ¿en qué se traduce?

–Todas las competencias en materia de medios personales y materiales cada vez se desgaja más del propio Poder Judicial. Esos medios están en manos del Ejecutivo, ya sea estatal o autonómico, con lo que es difícil mantener la independencia de un poder cuando su estructura tiene injerencias o el poder de decisión está en otras manos. En un órgano judicial no es el juez el que tiene el poder para decir qué plantilla hay, dónde se instalan los juzgados o qué sistema informático se utiliza. Todas estas cuestiones son ajenas a nosotros. Yo traspasaría nuestra situación al poder ejecutivo. Un poder ejecutivo que tuviera las decisiones de su intendencia en manos de otro poder, ¿sería independiente?

–Ese ´uso partidista´ del nuevo sistema de elección de magistrados del CGPJ también lo van a sufrir los futuros consejos autonómicos del Poder Judicial.

–Son un remedo del CGPJ a nivel regional, entonces los defectos que se predican del Consejo General del Poder Judicial a nivel estatal son fácilmente trasladables a los consejos autonómicos. Es una obviedad que los partidos tienen mucha relevancia en las composiciones del CGPJ. Es triste que cuando haya cualquier deliberación en el Consejo se diga que tal consejero es de derechas o es de izquierdas. No es bueno que se identifique a unos consejeros del Poder Judicial con una u otra tendencia política.

–Con tal panorama, ¿los ciudadanos pueden confiar en la Justicia?

–Hay que tener en cuenta que el Poder Judicial no administra Justicia. Nosotros debemos confiar en los que administran Justicia: los jueces y magistrados. ¿En qué no confío? En los medios que nos otorgan para hacerlo.

–En la actualidad, Justicia y política parecen ser compatibles. Algunos incluso han dado el salto convirtiéndose en jueces estrella, que actúan más como políticos que como magistrados…

–Son dos funciones que debieran estar separadas. Hay jueces metidos a políticos y políticos metidos a jueces. Eso no es bueno para el sistema. Por lo menos ahora con las reformas legales que hubo hay un tiempo de espera. No creo que se deba saltar de la Judicatura a la política y volver a la Judicatura, al menos hasta que pase un tiempo razonable.

–La sensación que se tiene es que los jueces son muy celosos de su trabajo y cualquier injerencia exterior supone un menoscabo a su autoridad e independencia.

–Si fuésemos tan celosos de nuestro trabajo habríamos levantado la voz hace muchos años porque las injerencias han sido continuas. ¿Quién decide hoy el número de jueces y magistrados que tiene que existir en este país? Eso es fundamental para dar una Justicia de calidad y rápida. Pues no lo decidimos nosotros. ¿Quién decide el número de juzgados que se crean? Tampoco nosotros. ¿Quién decide nuestras retribuciones? Nosotros, no. El Ejecutivo decide su número de funcionarios y ministros; el Poder legislativo decide sus presupuestos. Hay una situación de franca desventaja que se ha venido acrecentando y que genera desconfianza, pero no en la labor de jueces y magistrados, por lo menos a nivel ordinario, sino en el sistema gubernativo.

–¿Comparte la idea de que los jueces aupados por parlamentos autonómicos no deben juzgar o instruir causas en los que están implicados cargos políticos?

–Conozco a jueces parlamentarios que me merecen la mayor credibilidad del mundo, pero no es bueno para la imagen del sistema.