X. A. TABOADA | SANTIAGO
La ponencia parlamentaria encargada de ajustar la reforma de la Lei do Solo afronta hoy su última reunión con dos escollos que por el momento impiden el pacto entre PP y PSOE, una vez que el Bloque se ha desmarcado por considerar la modificación del todo improcedente. Tras negociar 42 de los 44 artículos objeto de cambio sin mayores problemas entre socialistas y populares, los grupos han dejado para el final los dos preceptos de más difícil acuerdo. Las diferencias son claras, pero tanto PP como PSOE hacen propósito de llegar a consensos.
El principal obstáculo para alcanzar ese pacto lo constituye la intención del PP de permitir instalaciones industriales en espacios naturales protegidos, como sería el caso de una piscifactoría en Touriñán, cuyo bloqueo fue utilizado por el bipartito como una de las banderas de su política de protección del medio ambiente. De ahí que el PSOE se muestre muy reacio con esta posibilidad.
"Esta cuestión, importante, es la que nos separa. Es en la que hay más diferencia", admitió la representante del PSOE en la ponencia, Mar Barcón. "Ni en Touriñán ni en O Courel se pueden instalar industrias, hay otros muchos espacios en Galicia donde poder levantarlas", añadió la diputada.
El Bloque comparte los planteamientos del PSOE, pero el PP considera que con las máximas reservas y las debidas medidas de protección no hay motivo para negar de principio actividades industriales o de explotación de recursos naturales en espacios protegidos. "No se puede decir de inicio un no rotundo. Tenemos un concepto posibilista del territorio, que tenemos que usar, pero con las máximas cautelas", argumentó el popular Román Rodríguez.
Otro punto de diferencia es la fórmula que la ley establecerá para regularizar las viviendas y naves industriales sin licencia que se construyeron antes del año 2002. A pesar de que se imponga un límite de plazo para legalizarlas y se fije una penalización, el Partido Socialista defiende que se impongan otros criterios más restrictivos para que no se interprete como una amnistía.
El Bloque planteó, pero sin éxito, que como requisito para legalizar una edificación sus titulares no hayan cometido delito alguno vinculado a la actividad que desarrolle en la nave, que no fuera objeto de ninguna sanción laboral o que no cause molestias ni problemas a los vecinos. "Nos tememos que sea una ley de punto final en la que saldrán igual de parados los infractores y los que simplemente levantaron una vivienda sin licencia", se quejó la nacionalista Teresa Táboas.
Los tres diputados se ha citado de nuevo hoy, en lo que será la última sesión, para tratar de redactar estos dos artículos por consenso, al menos entre el Partido Popular y el PSOE, en lo que sería su primer pacto de legislatura. "Si queremos un pacto por el territorio, tenderemos que arrancar bien con la reforma de la Lei do Solo", pronosticó Román Rodríguez.
No obstante, los tres partidos esperarán al próximo lunes para decidir su postura definitiva sobre los ajustes realizados en la ponencia parlamentaria.
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