R. PRIETO | A CORUÑA
Ni sometidos a los flashes ni expuestos en público esposados. Redadas como las practicadas contra cargos públicos en Santa Coloma (Cataluña), en la Diputación de Lugo durante la operación Muralla o, la más reciente, contra el alcalde de Castro de Rei han sido cuestionadas por su gran despliegue policial y la exhibición de los detenidos. Con el objetivo de evitar nuevas penas del paseíllo o del telediario, la Fiscalía gallega ha remitido a la Guardia Civil y a la Policía Nacional una instrucción sobre cómo actuar ante un arresto para garantizar la protección de la "dignidad, honor e intimidad" del detenido. Para ello, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, desaconseja practicar las detenciones en lugares públicos o en el propio trabajo así como recomienda que se evite que los detenidos aparezcan esposados ante los medios de comunicación.
Una de las operaciones anticorrupción que más polémica suscitó y que incluso llevó a la apertura de una investigación por parte de la Audiencia Nacional fue la desarrollada en octubre de 2009 contra cargos públicos de CiU y PSC. El veterano dirigente nacionalista Lluís Prenafeta, de 70 años, fue fotografiado y grabado agarrando con las manos esposadas el pantalón para evitar que se le bajara porque, como a cualquier detenido, se le despojó del cinturón y los cordones de los zapatos. Los arrestados por supuesto blanqueo de capitales en el marco de la operación Pretoria aparecieron en todos los telediarios y periódicos esposados y recogiendo las bolsas de basura azul con sus pertenencias. ¿Eran necesarias las esposas y la exhibición de los detenidos? La Fiscalía gallega rechaza esta exposición pública de las operaciones policiales. Y para ello ha dictado una instrucción en la que define las "líneas básicas" que se deberán tener en cuenta a la hora de practicar la detención de un cargo público.
El fiscal superior insta a los cuerpos y fuerzas de seguridad a elegir el "momento" en que se vaya a proceder al arresto. "No es aconsejable ordenar la detención en el transcurso de acontecimientos sociales en lugares públicos, profesionales o de trabajo, salvo que haya riesgo de fuga", recoge la instrucción remitida a las unidades de la Policía Nacional y Guardia Civil de la comunidad.
La Fiscalía también se propone garantizar el "respeto a la dignidad" del detenido, por lo que insta a tomar las "oportunas cautelas" para "proteger a las personas trasladadas de la curiosidad del público y de todo tipo de publicidad". Con este propósito, insta a los agentes a evitar que los detenidos aparezcan "esposados o con grilletes ante los fotógrafos y las cámaras de televisión". El fiscal superior hace un llamamiento al derecho a la presunción de la inocencia del arrestado, por lo que reclama a Policía Nacional y Guardia Civil que eviten la difusión de datos o imágenes que "de forma desproporcionada" puedan afectar a la "honorabilidad" de los detenidos. El objetivo de la instrucción emitida el pasado 24 de febrero es proteger tanto "la dignidad como el honor, la intimidad y el derecho a la propia imagen de las personas como el respeto a la presunción de inocencia".
Con estas consideraciones, el fiscal jefe de Galicia rechaza la forma en que se practicaron las detenciones del alcalde socialista de Castro de Rei (Lugo) el pasado mes de octubre por presunta prevaricación y tráfico de influencias, así como de varios funcionarios de la Diputación de Lugo en 2006 por un posible fraude en la adjudicación de obras. En ambas operaciones, el amplio despliegue policial fue reprobado e incluso tachado por el entorno de los detenidos "de película".
En el caso de Castro de Rei, la operación comenzó a primera hora de la mañana del lunes 26 de octubre, día que la juez encargada del caso abandonó la sede judicial de Lugo al frente de una comitiva de coches patrulla de la policía y varios vehículos camuflados. A bordo viajaban casi una veintena de agentes, algunos uniformados y otros de la Policía Judicial que vestían de paisano. La caravana se dirigió a casa del alcalde, Juan José Díaz Valiño, al que llevaron al consistorio ya en calidad de detenido. Durante el registro de las dependencias municipales, decidieron ir a buscar a otros cuatro concejales para que compareciesen en e Concello, del que salieron también como arrestados y camino de los calabozos.
En el caso de la Diputación de Lugo, en el marco de la operación Muralla, el fiscal Jesús Izaguirre, acompañado de policías de élite y con la orden de registro en la mano, irrumpió en el céntrico palacio de San Marcos, sede de la Diputación de Lugo, en una espectacular operación, que también se llevó a cabo en los locales de una oficina técnica y en una empresa de señalización y material urbano. Este despliegue tuvo como resultado la detención de diez personas.
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