Llevar a menores sin protección en coche se castigará con cárcel en caso de accidente

R. PRIETO | A CORUÑA De los 76 niños muertos en 2008 en accidentes de tráfico, 40 no llevaban sistemas de seguridad. La Fiscalía se propone endurecer las penas a los conductores implicados en un accidente de tráfico que no usen los cinturones o las sillas para menores. El castigo, según acordaron ayer en Santiago medio centenar de fiscales de Seguridad Vial de toda España, ya no sólo será una multa, sino que además se enfrentarán a penas de cárcel por homicidio o lesiones imprudentes. En la clausura de las jornadas, el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, atribuyó al conductor la "responsabilidad" de poner el cinturón a los menores que viajen en el vehículo porque, según argumentó, el niño está en una "absoluta indefensión" y "no tiene consciencia de la importancia" de los sistemas de seguridad.

Los conductores también tendrán la obligación de velar por el estado de su vehículo, de lo contrario también podrán enfrentarse a penas de cárcel. Una de las propuestas de los fiscales pasa por imputar un delito de "homicidio y lesiones imprudentes" a los conductores que en caso de accidente mortal se comprueba que el coche tenía los frenos o neumáticos deteriorados.

La Administración y las empresas también estarán en el punto de mira de la Fiscalía de Seguridad Vial. En el caso de los ayuntamientos , los que dispongan de Policía Local y no notifiquen a la DGT las sanciones que acarrean pérdida de puntos podrán ser acusados de prevaricación omisiva. Aunque Vargas comentó que se trata de una "minoría" de municipios en España, en el caso de Galicia tan sólo 30 de los 136 concellos que tienen policía municipal descuentan puntos a los conductores -8 en A Coruña, uno en Lugo, 9 en Ourense y 12 en Pontevedra-. Según advirtió el fiscal coordinador de Seguridad Vial, el incumplimiento por parte de los ayuntamientos conlleva que haya conductores que pierdan el carné por infracciones cometidas en los núcleos urbanos y otros que mantengan intacto el saldo de créditos porque el ayuntamiento en el que reside no notifica las sanciones que descuentan puntos. Esta situación -alertó Vargas- incrementa la "inseguridad vial en esos municipios y la discriminación".

En el caso de las empresas, los fiscales también se plantearán imputarles un delito de explotación laboral si el trabajador se ve "obligado" a viajar en un vehículo de la compañía en un estado inadecuado tal y como ya se ha hecho en Pontevedra, Valencia o Cataluña,

Otra de las cuestiones abordadas en el congreso de Seguridad Vial en Santiago se centró en la situación de las bandas transversales, badenes y resaltos antirreglamentarios, frente a los que los fiscales actuarán para prevenir y evitar accidentes. El primer paso de la Fiscalía será el de colaboración con la Administración competente promoviendo el cumplimiento de la legalidad. Pero a los que no cumplan, y "bajo el principio de intervención mínima" propondrán acciones penales cuando haya situaciones de "intenso riesgo exigibles" personificándolo en el funcionario con deberes específicos en la materia y conocedor de la situación. Aun reconociendo las dificultades que acarrea la crisis, Vargas avisó de que "a veces (las administraciones) se convierten en obstáculos serios". "Al final, en caso de grave riesgo e incumplimiento reiterado, actuará el fiscal en la vía penal", sentenció.