R. PRIETO | A CORUÑA
El caso del ex jefe militar de A Coruña destituido por el Ministerio de Defensa en febrero del año pasado ya está en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por el coronel Lorenzo Fernández Navarro de los Paños y Álvarez de Miranda contra la sentencia del Tribunal Militar Central, que le condenó en 2008 a un mes de arresto por haber emitido un informe crítico sobre la ley de memoria histórica. El coronel alega indefensión y vulneración de los derechos fundamentales. Y por ello, reclama una indemnización por daños y prejuicios contra el Estado como responsable subsidiario de 15.000 euros. De ser aprobada su reclamación, el ex jefe militar de A Coruña ha designado como destinatarios de esta cuantía el patronato de Huérfanos del Ejército, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Cáritas Española, Cocina Económica de A Coruña y la Fundación para la Defensa de la Nación Española.
Según destacaron desde el bufete de abogados que lleva su caso, Urbalega, es un "hito importante" que este recurso haya sido admitido a trámite porque "el Supremo inadmite los recursos por no cumplir los requisitos necesarios para ser sometidos a casación, y sin embargo en este caso no lo ha hecho".
Pero el proceso se prevé largo. Hasta dentro de cuatro o cinco años, el caso no será resulto ya que el equipo jurídico que lleva el recurso ha solicitado la celebración de una vista oral para "fijar adecuadamente las pretensiones de las partes" porque -argumenta el director de Ubalega Abogados, Ignacio Menéndez Gonzalez-Palenzuela- la sentencia recurrida es incongruente al no decidir sobre las cuestiones planteadas en el recurso contencioso-disciplinario.
El coronel Navarro ya había presentado dos recursos con anterioridad. Por su cese, recurrió a la Audiencia Nacional; y por su arresto domiciliario, interpuso un recurso ante el Tribunal Militar, que el verano pasado desestimó las alegaciones presentadas. En su recurso, además de apelar a lo que, a su juicio, "es el deber de todo militar defender a sus antiguos mandos", el ex comandante militar de A Coruña se ratificaba en que la ley de memoria histórica "niega la legalidad de su Majestad el Rey" por lo que alegaba haberse visto en la obligación de manifestar su rechazo por escrito movido por "la lealtad hacia la Corona". Entonces, el Tribunal Militar desestimó las alegaciones presentadas por el ex jefe militar de A Coruña y ratificó el mes de arresto con el que fue sancionado.
En una entrevista con LA OPINIÓN el pasado verano, el coronel Navarro asumió que el informe elaborado por encargo de sus superiores en 2008 sobre la ley de memoria histórica es "crítico" y "duro", pero mantuvo punto por punto el documento por el que fue destituido y condenado a un mes de arresto. En declaraciones a este periódico, el ex comandante militar de A Coruña negó que su informe sobre la simbología franquista sea "partidista" porque no hizo referencia a ningún partido político. "En tal caso -explicó- cabría considerarlo partidario, en cuando puede inferirse que en el fondo subyace una defensa del general Franco y de su obra. Algo que no puede ser considerado grave cargo contra un soldado que lo tuvo como jefe". Para el coronel Navarro, resulta "inadmisible" que "se quiten calles dedicadas a los de un bando y se inauguren para los de otro o se retiren títulos a Franco y se concedan a Carrillo". Tras asegurar que la decisión de Defensa no le sorprendió, atribuyó su destitución a la proximidad de las elecciones generales de marzo de 2008.
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