El Gobierno gallego tenía que aplicar a sus presupuestos un recorte de 218 millones, pero llegó sólo hasta los 200 porque a partir de ahí se afectaría al funcionamiento de servicios y prestaciones públicas. El gasto social queda blindado, según la Xunta, así que el tijeretazo se lo llevaron el gasto corriente y las inversiones, rebajando las partidas en 125 y 75 millones, respectivamente. Pudo ser peor, porque 47 millones computados en este ahorro proceden de la previsible reducción del gasto farmacéutico tras la medidas anunciadas por el Gobierno central con un nuevo sistema de precios de referencia y la rebaja de los medicamentos genéricos, que de no ser así obligaría a recortar estos 47 millones de otras áreas.
"El ajuste es tan duro y es tal el esfuerzo que no fuimos capaces de llegar a la cantidad de los 218 millones sin sacrificar algún servicio esencial", argumentó ayer la conselleira de Facenda, Marta, al detallar el alcance del recorte en los Presupuestos de Galicia para este año motivado por un aplazamiento de las transferencias procedentes del Estado y la exigencia, por efecto añadido, de reducir la capacidad de endeudamiento de la comunidad.
Estos 200 millones suponen reducir en un 2% el presupuesto aprobado en el Parlamento -que ya era un 3,3% inferior al de 2009 debido a la crisis- y la peor parte, en términos absolutos, se la lleva el capítulo de inversiones, que mermarán en 75 millones de euros, Algunas obras menores se quedarán por el camino, como reformas interiores en las sedes administrativas o un nuevo edificio para Facenda, pero la Xunta sostiene que las grandes actuaciones se mantendrán sin alterar los plazos, ya que lo se hará será posponer hasta el año 2011 el pago a las empresas.
Sin embargo, para que cuadren las cuentas hace falta mucho más, que se sacará del gasto corriente. Serán 125 millones, de los que 47 corresponderán al previsible ahorro en medicamentos. ¿Y de donde se quitarán los 78 millones restantes? La relación es amplia. Se recortarán las asistencias técnicas, las subvenciones, las contrataciones externas, los convenios, las publicaciones en papel, la asistencia a congresos, las dietas, el consumo energético, los seguros, los alquileres de sedes, la reposición de material de oficinas, la renovación de parte del parque móvil, los programas de cooperación y promoción, las campañas de divulgación...
De los gastos de funcionamiento (todos los referentes a garantizar el buen estado de las instalaciones, su equipamiento, suministros, luz, agua y teléfono) se detraerán un total de 24 millones de euros.
Del capítulo IV, el de las transferencias corrientes a otros organismos y todas las subvenciones y programas de apoyo se quitarán 70 millones -incluido aquí el ahorro del gasto farmacéutico- y otros 30,5 millones se conseguirán por la vía de anular contrataciones externas y asistencias técnicas, lo que implica que serán los funcionarios los que deberán realizar estos trabajos que hasta se encargan a empresas, que van desde la elaboración de una ley a estudios técnicos o de viabilidad pasando por planes sectoriales.
De los 125 millones recortados en gasto corriente, 75 corresponden a las Consellerías de Sanidade, Educación y Traballo, pero la Xunta garantiza que para nada se han tocado las partidas que afectan a hospitales, centros de educación y de benestar y a los dependientes. El mayor ajuste corresponde a Sanidade, con 54 millones de euros, seguido de Medio Ambiente, con 50, Economía e Industria (25,5), Medio Rural (14,2), Traballo e Benestar (12,8) o Cultura (12,4).
Con el ajuste, el presupuesto total de la Xunta baja de los 11.052 millones (11.686 si se computan los gastos financieros destinados a pagar la deuda) a los 10.852, lo que supone una merma del 5% con respecto al año 2009.
Críticas de la oposición
Ante estos "serios" ajustes, el PSOE denuncia que la Xunta "compromete gravemente la atención social básica" y que demuestran el "carácter claramente antisocial de las políticas conservadores que representa Alberto Núñez Feijóo". La diputada socialista María José Caride también considera que se "compromete" el futuro del país, pues a la merma de las inversiones se suma "el bajísimo nivel de licitación" alcanzado en el año 2009.
El Bloque hace especial hincapié en los 54 millones detraídos a la Consellería de Sanidade. "Es un escándalo y un paso más del PP en su política privatizadora de la sanidad pública y un desprecio a las necesidades básicas de la población, que en el caso de la sanidad necesita una mejora urgente", denuncia la parlamentaria Ana Luisa Bouza. En todo caso, sostiene que el recorte de los 200 millones se debe a la "mala negociación" de la Xunta en el nuevo modelo de financiación autonómica.
