Una lista con más de 5.000 gallegos represaliados durante la dictadura se incluirá en la querella impulsada en Argentina por el gallego Darío Rivas, hijo del alcalde socialista de Castro de Rei (Lugo) ejecutado en Portomarín en 1936. A la denuncia de Rivas, firmada también por la española Inés García -que todavía hoy no sabe dónde fue enterrado su tío- y avalada por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y diez asociaciones, se sumarán esta semana Flor Baena y Silvia Carretero, familiares de dos de los cinco últimos fusilados por el régimen de Franco. El vigués Humberto Baena, miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), fue condenado a pena de muerte por el atentado contra un policía. Luis Sánchez-Bravo Solla , también miembro del FRAP, se enfrentó a la misma pena por su "implicación" en la muerte de un teniente de la Guardia Civil.
La documentación sobre los más de 5.000 casos de torturas, detenciones ilegales y ejecuciones cometidas en Galicia durante la Guerra Civil y la postguerra será presentada el viernes ante la juez María Romilda en la Cámara Federal de Buenos Aires. Los informes también recogen las desapariciones de una veintena de ciudadanos argentinos entre julio de 1936 y junio de 1977 en la comunidad gallega. La documentación que será entregada a la magistrada encargada del caso, que dispone de 15 días para decidir si admite a trámite la querella para investigar en Argentina las desapariciones del franquismo, también incluye declaraciones oficiales, fotos y vídeos.
Según informó el abogado Gustavo García, que desde hace más de diez años trabaja con letrados argentinos y chilenos que investigan los crímenes de lesa humanidad, los casos de represaliados gallegos que serán puestos en conocimiento de la Justicia argentina han sido documentados por investigadores de las tres universidades gallegas en el marco del proyecto Nomes e Voces, subvencionado por la Xunta del bipartito.
Genocidio
Parte de estos documentos integran la causa abierta por el juez Garzón, actualmente imputado por su actuación en la causa del franquismo. Según la Comisión de la Memoria Histórica del 36 de Ponteareas, el único colectivo gallego que se sumó en 2006 a la denuncia interpuesta por ocho asociaciones ante la Audiencia Nacional por los crímenes de la dictadura, fueron unos 7.000 los represaliados gallegos ejecutados entre 1936 y 1959, de los que unos 5.000 fallecieron durante la Guerra Civil.
El objetivo de la presentación de esta querella en Argentina, según apuntó el abogado Gustavo García, es lograr "que se reconozca que en Galicia hubo un genocidio, aunque no hubo frente de guerra". "Nosotros mismos no reconocemos nuestro propio genocidio. Somos consecuencia de aquello y lo que queremos es que la Historia ponga en su lugar a cada uno", apuntó García, al tiempo que destacó que no se trata de una "cuestión de ideologías". "Son criminales, son crímenes contra la humanidad y deben juzgarse", sentenció.
La demanda presentada el pasado día 14 en Argentina es clara. Reclama a la Cámara Federal de Buenos Aires que recabe "los nombres y último domicilio conocido de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español que desarrollaron sus funciones entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones parlamentarias pluralistas desde 1936, y certificación de los que hayan fallecido". Y que haga lo mismo con "los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores Generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española". Entre los nombres y domicilios que piden recabar se encuentran, entre otros, los del ex presidente de la Xunta Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo durante el Gobierno de Franco. Si la Cámara Federal acepta la denuncia, Fraga será llamado a declarar.
