La Xunta impondrá el canon del agua también a los hogares sin traída municipal

X. A. TABOADA | SANTIAGO Aplicación universal y casi sin excepciones. Este es uno de los principios que rigen en la nueva Lei de Augas de Galicia que prepara la Xunta y que como principal novedad supondrá la extensión del canon del agua a todos los hogares de Galicia, incluidos los que no dispongan de red de suministro municipal, y a determinadas actividades que hasta ahora estaban exentas de pagarlo, como algunas instalaciones deportivas y las depuradoras de moluscos.

La Consellería de Medio Ambiente argumenta que la anterior normativa se ha quedado obsoleta y que, de conformidad con las directivas de la UE, resulta necesaria la "universalización" del canon que grava el consumo del agua. "Todo el mundo tiene que pagar", se sentencia. El preámbulo de la ley lo dice también con claridad: "Se quiere extender el ámbito de aplicación de las medidas fiscales sobre los usuarios del agua que hasta ahora quedaban excluidos".

Esto significa un vuelco con respecto a la situación existente, pues el canon de saneamiento vigente -que será sustituido por el canon del agua- no se aplicaba ni a determinadas actividades empresariales, ni a las poblaciones con menos de 2.000 habitantes, ni a quienes no disponían de una traída municipal. Ahora, todos ellos tendrán que abonar esta tasa, lo que supondrá además la obligación añadida de instalar un contador, aunque en la ley nada de dice plazos y todo queda supeditado al desarrollo de un reglamento futuro. En todo caso, esta medida supondrá que varias decenas de miles de gallegos tendrán que pagar el nuevo canon.

Da igual que el agua se capte en un pozo o un manantial o que la red de suministro la hayan financiado los vecinos de un núcleo rural. En cuanto se apruebe la ley, todos estos usuarios deberán abonar el canon, que se exigirá "tanto por el uso o consumo del agua facilitada por entidades suministradoras como por el uso y consumo del agua en régimen de concesión para abastecimiento o procedente de captaciones propias, superficiales o subterráneas". Pero la norma va más allá y también se gravará el uso de aguas pluviales y marinas.

Esto supone -también como novedad- que las plantas de acuicultura y las depuradoras de moluscos tendrán que pagar el canon, así como los balnearios, ya sean con aguas termales o marinas, las instalaciones deportivas por el llenado de piscinas o el riego de campos de golf, o las centrales hidroeléctricas a las que no se les aplique el impuesto ambiental que entró en vigor en 2008. Para todas las actividades industriales existe una tarifa fija a pagar, que es de 2,5 euros por mes, a lo que se añade una parte variable en función del agua consumida, de los megavatios producidos o de la carga contaminante contenida en los vertidos. Pero esta cuota variable es diferente según el tipo de actividad, y el precio oscila desde los 0,0001 euros por metro cúbico hasta los 0,1.

Y por si se intenta engañar a la Administración, la ley recoge un severo régimen de sanciones que como cuantía máxima alcanza los 150.000 euros.

En cuanto a la cuotas para lo usos domésticos, la novedad estriba en un modelo de tarificación por tramos donde la cuota fija es de 1,5 euros por mes a la que se añade otra variable en función del número de personas por hogar y los metros cúbicos de agua consumidos, pero que como implicación genérica supondrá pagar unos 12 euros más al año en comparación con el canon de saneamiento vigente.

Al margen de la tributación quedarán los usos agrícola, forestal y ganadero -siempre que no contamine-, y de extinción de incendio y los destinados a abastecer fuentes, limpiar las calles o regar jardines y parques públicos, entre otros.

El anteproyecto de Lei de Augas de Galicia ha superado el trámite del Consello Económico e Social (CES), que como principal objeción reprocha la intención de la Xunta de extender el canon del agua con carácter universal y aumentar la presión fiscal en un momento de crisis económica. Por ello, aconseja al Gobierno gallego que reflexione sobre la conveniencia de aplicar esta nueva tasa.

El CES considera necesaria una más adecuada justificación de la ampliación del canon, de su impacto en términos de recaudación fiscal y de su repercusión en el tejido socio-económico de la comunidad gallega.

En este sentido, conviene una reflexión sobre la oportunidad de incrementar la presión impositiva sobre la ciudadanía, familias y empresas en la coyuntura actual de crisis económica, así como la necesidad de acompasar la implantación de nuevas figuras con la evolución de la situación económica", se recoge en el dictamen.

El Consello Económico e Social también pone reparos a la nueva reestructuración del organismo Augas de Galicia, para la que no ve motivos.