La Xunta archiva 442 expedientes a las eléctricas sin sanción

M. VÁZQUEZ | SANTIAGO La Xunta no sancionará a las compañías eléctricas por los fallos en el suministro que dejaron sin luz a unos 500.000 hogares tras el paso del ciclón Klaus por Galicia. Casi 16 meses después del temporal que arrasó la comunidad con rachas de viento de casi 200 kilómetros por hora, la Consellería de Economía e Industria ya ha completado la tramitación de más del 90% de los expedientes abiertos contra Fenosa y Begasa y en todos los casos su decisión ha sido la misma: archivarlos sin sanción. La determinación de la Xunta se basa en que los cortes de luz y la media docena de torretas de alta tensión que literalmente se vinieron abajo fueron provocados por una "causa de fuerza mayor" y exime por ello a las compañías eléctricas de cualquier responsabilidad sobre el corte del suministro, que en algunas zonas de Galicia -sobre todo, en la comarca de Ferrol y en A Mariña lucense- se prolongó durante más de siete días.

Ante la gravedad de los hechos y el número de familias afectadas, la Consellería de Industria que dirigía entonces el nacionalista Fernando Blanco decidió tramitar como expedientes sancionadores todas las denuncias presentadas ante el Instituto Galego de Consumo, al entender que un desabastecimiento de luz tan prolongado como el que provocó el ciclón Klaus podía guardar relación con un problema de calidad del suministro.

Sólo en A Coruña y Lugo, las dos provincias más afectadas por los efectos del temporal, se recibieron 442 reclamaciones ante el IGC. La mayoría de las quejas se presentaron en A Coruña (160), Lugo, (107), y Ferrol (106). Todas ellas se derivaron a Industria para que fueran tramitadas como expedientes informativos con la intención de aclarar si las eléctricas fueron responsables de la situación por el mal estado o un mantenimiento deficiente de la red, lo que vulneraría la legislación relativa a la calidad del suministro eléctrico y conllevaría una sanción administrativa por parte de la Consellería.

"Siempre que hay un fallo en la calidad del suministro, la Xunta puede actuar. Pero el Klaus fue una causa de fuerza mayor", argumenta ahora Economía para justificar el archivo de los expedientes al entender que los fallos del servicio que sufrieron miles de usuarios no fueron provocados por "negligencia" o "dejadez" de las compañías.

Agotada ya la vía administrativa, la única opción que les queda ahora a los cientos de usuarios gallegos perjudicados por los cortes de 2009 es recurrir a la Justicia, donde podrían reclamar civilmente a sus compañías por los daños y perjuicios sufridos.

Y es que más allá de los desperfectos que provocó el ciclón a su paso por Galicia sobre infraestructuras, edificios públicos, propiedades privadas, fincas forestales y cultivos, cientos de personas sufrieron también pérdidas económicas derivadas de la falta de luz y daños en electrodomésticos y otros enseres.

La vía judicial, sin embargo, parece una opción poco apetecible para la mayoría de los usuarios, ya que además de los costes que supone iniciar un pleito civil, la lentitud del procedimiento y la posibilidad de que la Justicia llegue a la misma conclusión que la Xunta hacen previsible que muy pocos opten por iniciar un pleito con su compañía eléctrica.

La decisión de la Xunta se produce apenas dos meses después de la gran nevada en Cataluña, que provocó una situación similar a la que sufrió Galicia tras el paso del ciclón Klaus.

También en este caso el Gobierno catalán puso en cuestión el papel de las eléctricas (concretamente Endesa) en un fallo que llegó a dejar a unos 220.000 usuarios sin luz, mayoritariamente en la provincia de Girona. Aunque de momento todavía no se ha resuelto el expediente, la Generalitat catalana exigió de inmediato explicaciones a la empresa y abrió de oficio 16 expedientes informativos.

Se trata del mismo trámite que siguió en 2007 tras el apagón que dejó a más de 323.000 abonados de Barcelona sin luz 56 horas y que se saldó con una multa millonaria contra Endesa y Red Eléctrica Española por parte del Gobierno catalán.