Unas nuevas oposiciones celebradas en Galicia vuelven a estar en el punto de mira de la Justicia. En esta ocasión, unas pruebas convocadas hace ya nueve años y que el Tribunal Supremo obliga a repetir. El fallo dictado hace ya un año estima el recurso interpuesto por varios opositores que no obtuvieron alguna de las 16 plazas en el área de Inspección Turística que se disputaban en el proceso selectivo de 2001. Según denunció ayer el PSdeG, el presidente del tribunal de aquellas oposiciones, Antonio Rodríguez Álvarez, no sólo "se inventó" el sistema de puntuación sino que el autor del examen de uno de los ejercicios era profesor de una academia en la que habían estudiado varios opositores. "Los que aprobaron", advirtió ayer el portavoz del Área Institucional del PSdeG, José Manuel Lage.

Tras dar a conocer los detalles de la sentencia, Lage reclamó la "ejecución inmediata" del fallo al tiempo que denunció la "negligente gestión" de la Dirección Xeral de Función Pública. Y por ello, exigió la destitución de su titular, José María Barreiro, emplazando al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a "nombrar un nuevo director xeral que normalice los procesos".

La enumeración por parte del PSdeG de las últimas polémicas generadas por unas oposiciones durante el primer año de mandato del PP puso en entredicho la gestión de la actual Xunta. "En octubre, hubo filtraciones; en febrero, opositores que a su vez formaban parte del tribunal; en marzo, anomalías en las oposiciones del Sergas; en abril, un retraso de más de un año para nombrar a 18 inspectores urbanísticos; y en junio, las oposiciones de inspección turística paralizadas durante 21 meses", cuestionó Lage.

Las justificaciones de la Xunta sobre el proceso selectivo anulado por el Supremo pero que todavía no ha sido ejecutado por el Gobierno gallego llegaron de la mano de la Consellería de Facenda. El departamento dirigido por Marta Fernández Currás argumentó su decisión de no haber convocado todavía la prueba del examen que obliga a anular las plazas que ocupan desde 2004 un total de 16 opositores en que "en un año clave para el turismo como este Xacobeo se debe actuar con prudencia y no alterar la inspección de turismo". De ser invalidadas estas 16 plazas, Galicia quedaría sin ningún inspector turístico ya que estas personas únicamente podrían trabajar como interinas.

Desde la Consellería de Facenda aseguraron que recibieron "requerimiento judicial para hacerlo" y se esperaba a tener "todos los datos por responsabilidad". Según advierte la Xunta, la ejecución inmediata de la sentencia podría "perjudicar a las personas a las que el tribunal les dio la razón". Facenda también cargó contra Lage por actuar "con irresponsabilidad" y creando una "alarma infundada", días después de que el diputado socialista denunciase que las oposiciones para ocho plazas de inspector de turismo esperaban la constitución del tribunal desde hace ya dos años. Y la Xunta ya puso fecha: el tribunal se constituirá en septiembre y los exámenes se celebrarán en octubre.

Sentencia

El Supremo concluye que es "evidente" que el tribunal encargado de evaluar las oposiciones -según detalló ayer Lage Tuñas- "se inventa un sistema de calificación que no era el pensado por las bases de la convocatoria". El alto tribunal se refiere al hecho de que el tribunal decidiese que por cada pregunta errónea en el cuarto examen de la oposición se anularía una pregunta acertada.

Los problemas de las bases argumentados en la sentencia del Supremo no se quedan ahí. El alto tribunal se refiere al autor del examen elegido para esa prueba, que era profesor en una academia de varios de los opositores. "Este caso es posiblemente uno de los más graves de la Administración autonómica en cuanto a la función pública", sentenció Lage.