Facenda garantiza los servicios ´esenciales´ en 2011

J. PÉREZ | VIGO Por mucho que en el entorno del presidente de la Xunta maticen el reconocimiento expreso de Alberto Núñez Feijóo el jueves con las dificultades para cuadrar las cuentas de 2011, hasta el PP reconoce que no hay medias tintas posibles. Que no va a quedar otro remedio que apretar todavía más las tuercas de los presupuestos del próximo ejercicio, meterles un nuevo tijeretazo, con prioridades muy claras y ni una sola partida que sea prescindible. "Con el dinero que tenemos no vamos a poder atender los servicios públicos", aseguró el jefe del Ejecutivo gallego, en calidad de "responsable de la quinta comunidad en población" y a modo de ejemplo personal de la repercusión en Galicia de la gestión económica de Moncloa. La Consellería de Facenda acaba de comunicar al resto de departamentos autonómicos los estrictos requisitos para recoger las necesidades que tengan el próximo año y, aunque ayer reiteraban que las palabras de Feijóo se referían "a la situación general de España", la realidad es tan evidente que se apuran a garantizar "la prestación de los servicios públicos fundamentales". Lejos de cualquier alarmismo, el portavoz económico de los populares avala el mensaje del presidente gallego. "Esa labor de pedagogía es correcta, es importante en un político, que el Gobierno diga cómo están las cosas, la verdad", defiende Pedro Puy.

El PP hila el discurso de Feijóo con el marco "de restricción financiera sin precedentes" con el que se encuentran en San Caetano a estas alturas. A la caída de los ingresos propios y las transferencias del Estado por el desplome de la recaudación tributaria se une el techo de endeudamiento acordado en el Consejo de Política Fiscal como una de las medidas para recortar el déficit público -la Xunta preveía acudir al 2,5% del PIB, que en principio estaba planteado, unos 1.500 millones, que ahora se limita al 1,3%- y el inicio de las devoluciones por los anticipos de la financiación de 2008 que se quedaron muy por encima de lo que realmente le correspondía a la Xunta.

¿Y a cuánto ascienden esas devoluciones? Pues a un total de 600 millones, que se repartirán en cinco años y que obligan a renunciar en 2011 a 120 millones en las partidas de la financiación autonómica. "Habrá que ajustar muchísimo más los presupuestos", avisa Puy.

"No es alarmismo -añade-. Todo el mundo tiene que ser consciente. Lo que ha querido decir el presidente a los ciudadanos es que su relación con el Gobierno no es la que era hasta ahora". Porque Puy avisa de que estamos ante una crisis estructural, que marcará un antes y un después "en lo que entendemos por sociedad del bienestar" y en los servicios públicos "de todos los ámbitos". "Es una situación muy extraordinaria y no se pueden crear falsas expectativas. Las finanzas del Estado, las comunidades y los ayuntamientos son insostenibles", insiste. El diputado popular habla de seguir adelante con la filosofía de la austeridad, "en la que Galicia se adelantó", y ganar "eficiencia" en la Administración gallega y no descarta que ahí también haya que pasar la tijera.

Reacciones

La alarma sí se ha encendido en la oposición, que coincide en dos ejemplos que evidencian la "hipocresía" de la Xunta. Los "sobrecostes" de 215 millones en la autovía entre Carballo y Berdoias y los 300 millones del nuevo hospital de Vigo. "Elegir hacer más caro lo que se puede hacer más barato acaba por debilitar los ingresos necesarios por atender los servicios públicos", critica Xaquín Fernández Leiceaga, portavoz parlamentario del PSdeG. "Son dos ejemplos claros de la incapacidad de Feijóo para gestionar", incide Carlos Aymerich, del BNG.

Los socialistas están convencidos de "un nuevo ataque" a las "políticas de bienestar en Galicia". "Una continuación de la política que ya siguió en los presupuestos de este año, con recortes en el gasto sanitario, educativo y las política activas de empleo", concreta Leiceaga, que echa en cara a Feijóo sus "contradicciones" con la aprobación de "rebajas fiscales ineficaces" e "incompatibles" con la situación económica, "mientras renuncia a una subida selectiva de los impuestos centrada en las rentas y los patrimonios más elevados". "¿Dónde está la racionalización de la administración?", se pregunta el diputado del PSdeG.

A las acusaciones de "incapacidad" une el Bloque "la motivación ideológica" que hay detrás del planteamiento de la Xunta. "La cesión a empresas privadas", asegura el portavoz parlamentario de los nacionalistas. Aymerich destaca la naturalidad con la que Feijóo reconoce los problemas de las listas de espera en la Sanidad, la cesión de "la mayoría" de los ordenadores del proyecto Abalar a "centro concertados" o la cercanía "a la fundación San Rosendo y otras entidades similares" en servicios sociales. "Debería tomarse con más seriedad el nuevo Estatuto. Andalucía y Cataluña fueron capaces de condicionar la transferencia de fondos. Hay que recordarle cuando se queja de que no tiene dinero que él firmó este sistema de financiación cuando sabía que era lesivo para Galicia", afirma.

Las cuatro nuevas residencias para la atención a personas mayores en Galicia están ubicadas en Ourense, Vimianzo, Viveiro y Monforte de Lemos, suman 630 y llevaban meses ya finalizadas a la espera de entrar en funcionamiento. De hecho era uno de los reproches continuos del Bloque a la Consellería de Traballo y Benestar.

Las cuatro fueron impulsadas durante la etapa del bipartito por el área que gestionaba el nacionalista Anxo Quintana bajo la marca Sogaserso, en la que compartían capital la Xunta con las dos cajas gallegas. El desbloqueo de los centros se realizó ayer con la publicación en el Diario Oficial Galicia (DOG) de las bases para la contratación de la reserva y ocupación de plazas. La tramitación es urgente y a través del régimen de concierto, con un presupuesto que se acerca a los 37 millones de euros.

Dos lotes

La intención del departamento que dirige Beatriz Mato es que un 20% del coste lo cubra la propia aportación de los usuarios. La oferta se hace en dos lotes. Por un lado, las residencias de Vimianzo y Monforte y, por otro, las de Ourense y Viveiro.

Benestar decidió desprenderse del 45% de Sogaserso tras el cambio de gobierno para evitar ser parte, aunque fuera en minoría con respecto a las entidades, de una firma que podría resultar concesionaria de servicios de la administración autonómica.