La Fiscalía estudia si el Concello de Ferrol delinquió al apoyar a Garzón

R. PRIETO | A CORUÑA La Fiscalía, a instancias del Tribunal Supremo, analiza el contenido de una moción del Concello de Ferrol, gobernado por el socialista Vicente Irisarri, en apoyo al juez Baltasar Garzón y en la que además "pone en duda" la "imparcialidad" del propio Supremo y del Poder Judicial. La iniciativa, promovida el pasado mes de marzo por Esquerda Unidad y apoyada por PSOE y BNG, llegó a manos del instructor de la causa abierta a Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo, el magistrado gallego del Supremo Luciano Varela, ya que fue el propio alcalde de Ferrol quien le remitió en abril una copia del acuerdo municipal. Por el contrario, la moción fue rechazada por Independientes de Ferrol (IF) mientras que el PP se abstuvo en la votación.

En el escrito, el Ayuntamiento manifestó su solidaridad con el juez Garzón por el proceso abierto contra él para suspenderle cautelarmente de sus funciones. Pero lo que no debió sentar nada bien al Supremo fue el punto que aludía al papel del alto tribunal. El texto aprobado concluye que produce "indignación y bochorno comprobar como en vez de animar a la persecución de los delitos cometidos durante el franquismo se persigue al que intenta hacer justicia". En otro de los párrafos del escrito, el Concello de Ferrol advierte de que con las imputaciones a Garzón se fomenta "la impunidad" de los imputados en la trama de corrupción que salpica a varias comunidades gobernadas por el PP, el caso Gürtel. En el acuerdo, la corporación municipal de Ferrol también reclama "que las víctimas del franquismo" que dieron comienzo al procedimiento puedan ser parte en el proceso judicial, y que se dé traslado de la propuesta a la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial.

El texto concluye haciendo mención a una "inadmisible" campaña "de acoso y derribo con la que la extrema derecha intenta minar la independencia judicial", al tiempo que advierte de que las causas penales abiertas contra el magistrado "ponen en duda la imparcialidad del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo".

Tras el requerimiento del Tribunal Supremo, la Fiscalía tratará de determinar si el Concello de Ferrol cometió algún tipo de delito por mostrar a través de un acuerdo municipal su apoyo a Garzón y, al mismo tiempo, cuestionar la "imparcialidad" del Supremo y del Poder Judicial.

Un mes después de que el magistrado Luciano Varela recibiese una copia del escrito municipal remitido por el alcalde de Ferrol, la Sala de lo Penal del Supremo, presidida por el magistrado Juan Saavedra, decidió remitir el escrito al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que acordó enviar la denuncia a la Fiscalía Superior de Galicia y esta, a su vez, derivó el caso a la Fiscalía de Ferrol.

Fuentes de la Fiscalía gallega apuntaron a Europa Press que se han abierto diligencias preprocesales para analizar el contenido de la moción, pero insistieron en que todavía no hay una investigación en marcha.

En la comunicación oficial remitida al fiscal superior en la comunidad gallega, Carlos Varela; el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, explica que se envía el acuerdo plenario para que se "proceda a llevar a cabo la información oportuna con el objeto de determinar las circunstancias y la posible trascendencia jurídica del hecho".

En la actualidad el juez Garzón trabaja como asesor de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, con sede en la Haya (Holanda). Este traslado se produjo después de que el Poder Judicial acordase suspenderle cautelarmente el pasado mes de mayo como consecuencia de la apertura de un juicio oral por parte del Supremo en el marco de la causa por su investigación sobre los crímenes del franquismo.

En estos momentos, el Tribunal Supremo tiene otras dos causas abiertas contra Garzón. Una de ellas por las subvenciones que supuestamente otorgó el Santander a los cursos que el juez en Nueva York entre los años 2005 y 2006. Además, el Supremo también lo ha imputado por grabar conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales encausados en el caso Gürtel y sus abogados.