El PSOE acusa a Feijóo de ocultar el estado del contrato de la vía Carballo-Berdoias

REDACCIÓN | SANTIAGO El proceso de adjudicación de la autovía entre Carballo y Berdoias vuelve a estar en cuestión aunque, esta vez, por razones que nada tienen que ver con el supuesto sobrecoste del contrato. El portavoz de Infraestructuras del PSdeG, Pablo López Vidal, acusa a la Xunta de incumplir una orden publicada en el mes de junio que obliga a publicar en su plataforma de contratación en internet "la información de los distintos estados" de cada concurso público, algo que no pasa en el caso del expediente de Carballo-Berdoias.

Por ello, López Vidal criticó ayer que el Gobierno gallego, con Alberto Núñez Feijóo y su responsable de Infraestruturas, Agustín Hernández, al frente, "incumpla" las normas que "él mismo" publica en el Diario Oficial de Galicia. "¿Pero qué podemos pensar de una persona imputada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por presunta falsedad documental?", ironizó.

Al mismo tiempo, el diputado socialista recordó que su grupo "sigue sin noticias" del expediente completo relativo a la adjudicación de este vial y advirtió de que falta de una semana para que concluya el plazo "de un mes" que tiene la Administración para responder a la petición de información que tramitaron por vía parlamentaria.

La polémica adjudicación volverá a estar presente en el próximo periodo de sesiones, ya que los socialistas han registrado una interpelación, que intentarán introducir en el orden del día del primer pleno de septiembre, para que Hernández explique en la Cámara todos los pasos del proceso, así como el cronograma con el que trabaja la Xunta para poner a funcionar la autovía de A Costa da Morte, un proyecto incluido en el Plan Galicia y cuya ejecución estaba prevista inicialmente para 2008.

"Queremos papeles y que comparezca Hernández, ya que su presidente tiene miedo", sentenció López Vidal, que no descarta que dicha interpelación se produzca antes incluso de que se realice la adjudicación del vial.

En este sentido, recordó que el procedimiento está "paralizado" desde el 7 de junio a la espera de un informe jurídico que dirima la reclamación presentada por una de las empresas concursantes. "Ahora esta decisión no solo depende de los políticos, sino que parece que quienes mandan son los funcionarios de la Asesoría Jurídica", subrayó.