Multas por estacionar en doble fila, no llevar el cinturón, usar el móvil, no pagar la ORA, pisar el acelerador más de la cuenta o saltarse un semáforo en rojo. Miles de denuncias por una o varias de estas infracciones se acumulan en las dependencias de las policías locales. Uno de los que podría ser el balón de oxígeno al ahogo financiero que arrastran desde hace meses los concellos gallegos por la crisis del ladrillo y la caída de la participación en los ingresos del Estado no ayuda a reducir el nivel de endeudamiento municipal. ¿El motivo? Sólo un 51% de las sanciones municipales de tráfico llegan a cobrarse, lo que supone un 30% menos de las que llega a recaudar la DGT.
Así lo revela el primer estudio impulsado por el Gobierno gallego en un total de once concellos -A Coruña, Carballo, Narón, Ribeira, Santiago, Vigo, Pontevedra, Baiona, Sanxenxo, Vilagarcía y Ourense- para conocer los servicios municipales de que disponen. El informe aplica un método pionero usado por la Diputación de Barcelona desde hace nueve años y que consiste en poner en común los datos de varios municipios para analizar cómo mejorar sus servicios. En la primera edición del Círculo de Comparación Intermunicipal de la Policía Local de Galicia, los datos revelan el "perjuicio" que supone para las arcas municipales el hecho de que pese a ser "devengado" como ingreso, casi la mitad de las sanciones por infracciones al volante en ciudad no sean abonadas.
Apretarse el cinturón
Con este estudio, Galicia se convierte en la segunda comunidad, tras Cataluña, que introduce este sistema de comparación de indicadores de servicios municipales con el objetivo de diseñar actuaciones de mejora. Los resultados del estudio fueron presentados ayer en Santiago por el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, quien reconoció que "ahora hay que apretar el cinturón". "Tenemos que recurrir, no sé si a la imaginación, pero sí a la experiencia para demostrar que se puede seguir mejorando", destacó Rueda, acompañado por el presidente de la Fegamp, Carlos Fernández. En su intervención, el también alcalde de Ames se mostró convencido de que los ayuntamientos gallegos hacen "muy bien las cosas", aunque reconoció que "todo es mejorable". Y por ello, Fernández apeló a ser "autocríticos" para lograr que los concellos continúen "el salto de calidad".
En cuanto al apartado de gasto que supone la Policía Local en Galicia, el estudio - realizado por la Universidade de Vigo y financiado por la Xunta y con la colaboración de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp)- revela que es de 59 euros por habitante. La variable del gasto corriente por agente se sitúa en 43.374 euros.
La conclusión que se extrae del informe es que una plantilla media de 14 agentes de la Policía Local supone un gasto anual de 600.000 euros, una cantidad a la que habría que añadir el gasto de cada hora extraordinaria -con un coste medio de 17,5 euros-.
Otra de las variables estudiadas por el informe que contó con el apoyo técnico de la Diputación de Barcelona es el número de denuncias de tráfico. En el caso de los 11 concellos analizados en Galicia, que agrupan al 35,4% de la población de la comunidad autónoma, las policías locales registran un total de 236 denuncias de tráfico por cada mil habitantes, de las que un 8,9% son "muy graves". El informe revela además que en las ciudades gallegas se producen cuatro delitos y faltas por cada mil habitantes. El número de controles de velocidad que se hace por cada 100 vehículos matriculados es de 45,6 y el número de detenidos por cada 1.000 habitantes asciende a 10,5, de los que casi la mitad son por delitos contra la seguridad vial.
La media de edad de los policías locales en Galicia es de 44 años y el tiempo medio de llegada en situaciones de urgencia es de 4,4 minutos, aunque el informe advierte de las "dificultades" en el proceso de recogida de datos porque este sólo se pudo elaborar en cinco casos, el 45% de los concellos participantes.
