La presión de Galicia sobre Moncloa continúa para lograr que aplace el pago de la deuda de 2.600 millones por los anticipos recibidos entre 2008 y 2009 de unos ingresos que la comunidad no alcanzó. El pulso continúa y ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lanzó una alarma para responsabilizar a Moncloa de "no atender con parámetros de calidad los servicios sociales" y "renunciar al crecimiento económico" si persiste en su intención de reclamar el pago de la deuda en seis años. La advertencia del presidente gallego se produjo acompañado de su homólogo valenciano, Francisco Camps, con el que escenificó parte del frente de Gobiernos autonómicos populares a favor de un aplazamiento de diez años en el abono de la deuda. En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, Castilla y León y La Rioja se unieron a Galicia y a la Comunidad Valenciana.
Feijóo reclamó "alta prudencia" a los presidentes autonómicos para poder "garantizar, asegurar y proteger la calidad de los servicios públicos" en un momento delicado como el actual, que obligará a Galicia a aprobar unos presupuestos para 2011 con un recorte de casi mil millones de euros en una decisión sin precedentes. Pese a ello, reiteró su compromiso con los ciudadanos "y sus necesidades más directas". De hecho, la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, rebajó la alarma. "Tenemos menos dinero, pero aún es suficiente para garantizar los servicios públicos fundamentales", remachó la conselleira antes de exigir un cambio legal a Moncloa que permita hacer una "excepción" y aplazar el pago de la deuda.
Un poco antes, Feijóo y Camps realizaron juntos un tramo del Camino de Santiago. El primero exigió al Gobierno que "no se deje llevar por planteamientos absurdos que no llevan a contar la realidad a los ciudadanos", en alusión a la necesidad de aplazar el pago de la deuda. Y también alabó a su compañero y al pueblo valenciano, "que ha mejorado su nivel de renta en los últimos años como nunca había hecho".
Por su parte, Camps avaló el mensaje de Feijóo y presionó a Moncloa. "Compartimos la petición al Gobierno para que la devolución de los anticipos se parta en el medio largo plazo para que todos podamos seguir con nuestro compromiso con los ciudadanos", aseguró.
El valenciano rebajó el tono de Feijóo y apostó por una vía más dialogante al "exigir" al Gobierno que tomen decisiones "pactadas con los Gobiernos autonómicos, que son tan españoles como el propio" Ejecutivo nacional".
La obligatoriedad de abonar en seis años la liquidación negativa de los dos últimos años se estableció en la reforma de la ley de Financiación Autonómica. Las comunidades gobernadas por el PP se abstuvieron en la votación de ese texto en un Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el año pasado. Pese a ello, la titular de Facenda, Marta Fernández Currás, respondió ayer a la negativa al aplazamiento de Moncloa pidiendo un cambio legal. "Las leyes se pueden cambiar y excepcionar en una situación tan compleja", dijo antes de recordar que comunidades y ayuntamientos son los que "mayor gasto social" soportan.
La cuestión lingüística también surgió durante la visita de Camps. Fue Feijóo quien la mencionó cuando aseguró que Galicia y Valencia "no viven su diversidad lingüística como trauma que genera tensiones".
