Dos ex concejales de Gondomar, multados con 675.000 euros por aceptar sobornos

U. FOCES | VIGO La Sección Quinta de la Audiencia con sede en Vigo ha cerrado el escándalo urbanístico del municipio pontevedrés de Gondomar, destapado hace tres años con la detención de dos concejales del gobierno local y un arquitecto, con multas que suman 742.000 euros por delitos de cohecho para los ex ediles y de colaboración necesaria para el técnico. La sentencia, notificada ayer, reduce las penas solicitadas por la Fiscalía tras el veredicto del jurado popular que el 4 de junio consideró probado que los tres acusados pidieron dinero a promotores inmobiliarios a cambio de facilitar desarrollos urbanísticos en el PXOM de la localidad.

La pena más alta es para ex concejal de Urbanismo del PP, Alejandro Garrido, considerado organizador de la trama y el único cuya defensa no llegó a acuerdo con la Fiscalía ya que se declaró inocente. Se le impone una multa de 540.000 euros (180.000 euros por cada uno de los tres delitos de cohecho) y tres años de suspensión de cargo público municipal.

José Luis Mosquera, ex concejal de Cultura independiente elegido en las listas del PP, es condenado a una multa de 135.000 euros (45.000 euros por cada uno de los tres delitos de cohecho) y 15 meses de suspensión de cargo público municipal, cinco meses por cada uno de los delitos. El tercer condenado, como colaborador necesario, es el arquitecto Francisco Borja Ramilo, a quien se fija una multa de 67.500 euros (22.5000 euros por cada delito) a quien se suspende durante 15 meses para ejercer su profesión en el ámbito de la Administración Pública, "en cualquier calidad".

La sentencia se basa en el veredicto de culpabilidad dictado por el tribunal popular y que consideró, por unanimidad, culpables de cohecho a estos tres acusados. Los miembros del jurado consideraron probado que Mosquera, Garrido y Ramilo participaron en estos hechos delictivos, que fueron denunciados por un promotor, víctima de la extorsión. La pareja de Mosquera, que él acompañaba cuando fueron detenidos tras recoger un sobre con dinero de un promotor que actuó como cebo, ya fue absuelta a petición del fiscal durante la vista oral. La pena impuesta es notablemente inferior a la que inicialmente pedía la Fiscalía para los acusados, e incluso a la solicitud final del Ministerio público tras el acuerdo alcanzado con las defensas de José Luis Mosquera y Borja Ramilo, que se declararon culpables en la sala. Así, el fiscal, solicitaba al inicio de la vista oral una multa de 1,92 millones para cada uno de los ex concejales con 6 años de inhabilitación, mientras que para el arquitecto pedía 720.000 euros y 15 meses de inhabilitación.

Al final del juicio, la Fiscalía rebajó la petición para ellos a 135.000 euros de multa, mientras que para Gómez Garrido pedía algo más de un millón de euros de sanción. Precisamente, en la sentencia, el magistrado ha tenido en cuenta, en el caso de los dos primeros, la circunstancia atenuante de colaboración con la Justicia y aplicó a Garrido los máximos especificados por las otras defensas en las conclusiones finales: 180.000 euros por cada una de las tres operaciones urbanísticas que les sentaron en el banquillo.

El abogado defensor de Gómez Garrido, Jesús Lorenzo Cuervo, anunció que recurrirá la sentencia ante el TSXG, al considerar que "sorprende" que la mayor pena se haya impuesto "al único acusado que se defendió hasta el final, porque los otros admitieron su culpa al ser capturados in fraganti".

El letrado, que seguirá pidiendo la absolución del ex edil de Urbanismo, mantiene que hubo irregularidades judiciales y que las escuchas telefónicas empleadas como pruebas de cargo son nulas (pese a que todos los recursos en tal sentido fueron desestimados en distintas instancias durante el proceso) y que no hay indicios de culpabilidad contra su cliente. Asimismo, advirtió de la cooperación "parcial e interesada" de los otros dos condenados, que ha terminado, en su opinión, con la incriminación de su patrocinado.

Trama

La corrupción urbanística en Gondomar estaba más extendida de lo que la Fiscalía de Delitos Urbanísticos y la Guardia Civil creían cuando empezaron a investigar. Investigaban un caso de soborno y, en la misma causa, se añadieron dos más cuando el ex edil José Luis Mosquera y el arquitecto Borja Ramilo, al ser detenidos, pusieron en conocimiento de la autoridad judicial otras dos operaciones en marcha de las que no se tenían noticias.

Esta colaboración figura entre los "hechos favorables" de la sentencia notificada ayer y ha ayudado a la reducción de sus condenas. "Desde su primera declaración colaboró con la Administración de la Justicia, poniendo en conocimiento de la autoridad judicial de forma precisa los datos relativos a las fincas SUZDR5 y a la del Polígono 10, inicialmente no investigadas, habida cuenta que la investigación se centraba en el convenio de A Pousa", recoge el fallo.

Como hechos desfavorables figuran que Alejandro Garrido, concejal de Urbanismo, y José Luis Mosquera, concejal de Cultura "en los últimos meses de 2006 y primeros de 2007, decidieron con ánimo de enriquecerse y sirviéndose de la ventajas que les proporcionaba su cargo oficial, obtener unas cantidades de dinero a cambio de favorecer con sus votos la incorporación en unos casos, y el desarrollo en otros, de proyectos urbanísticos que deberían ser incorporados al PXOM de Gondomar".