La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, inició el pasado día 3 el proceso para derribar el chalé que hasta este verano tenía la ex conselleira de Pesca, Carmen Gallego, en la localidad de Riomaior, en el ayuntamiento pontevedrés de Vilaboa, por estar situado a menos de 100 metros de la línea de playa y en zona de protección de la costa. La resolución, según advierten fuentes del Gobierno gallego, es firme y contra ella no cabe ningún recurso.

No hay fecha todavía para la demolición, pero sí para que los técnicos inspeccionen la parcela con el objetivo de elaborar el proyecto de derribo. Será el próximo día 14 de diciembre. Además, en la misma resolución se ordena a sus propietarios que procedan a retirar del inmueble todos sus enseres.

La Consellería de Medio Ambiente da así por terminado un proceso judicial que arrancó en 2006, si bien el litigio en su vertiente administrativa se inició hace más de diez años. La Xunta ha dado este último paso tras la resolución del Tribunal Supremo del 15 de julio de este año, que desestimó el recurso de casación presentado por la ex conselleira socialista contra el derribo, y la comunicación posterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el pasado 6 de octubre, que ordena la ejecución del fallo, que es "proceder a la demolición de lo construido ilegalmente".

La resolución de la administración autonómica la dictó el pasado día 3 la directora de la Axencia de Legalidade Urbanística y la firmó la jefa del Servizo de Inspección do Litoral, Pilar Díaz. En ella se dice que hay un pronunciamiento judicial firme contra el que no cabe recurso alguno y que procede "lleva a puro y debido efecto la demolición de la vivienda unifamiliar".

Para ello, subinspectores de urbanismo inspeccionarán la parcela la mañana del 14 de diciembre con el fin de preparar el proyecto técnico de demolición. Además, se ordena a los propietarios que retiren los enseres de la casa, "para lo que se les notificará oportunamente la fecha en la que deberá haberse realizado la retirada".

La polémica arranca en una resolución de junio del año 2000 de la Xunta, que si bien declaraba prescrita la infracción grave por estar la casa ubicada en la zona de protección del dominio marítimo terrestre -a 72 metros de la costa-, ordenaba devolver los terrenos a su estado original. Ante esta resolución, la ex dirigente autonómica Carmen Gallego presentó recurso de alzada, ante lo cual la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Xunta emitió un informe desfavorable, pero que nunca llegó a ser en firme.

Transcurridos los años, en 2005, la plataforma Salvemos Pontevedra, instó al Gobierno gallego a hacer efectiva la desestimación del recurso de alzada, pero como no dio respuesta, la plataforma acudió al TSXG, que el pasado año dictó sentencia y ordenó el derribo de la vivienda ubicada en Vilaboa.

Carmen Gallego, que no reside en esta casa desde el pasado verano, recurrió ante el Tribunal Supremo, pero éste se desentendió del caso porque, argumentó, el valor del chalé no supera los 150.000 euros, que es el importe mínimo que debe tener un bien para que el alto tribunal acepte a trámite una causa.

La ex conselleira de Pesca, Carmen Gallego, acusó ayer a la Xunta de "meter la pata" con el inicio del proceso de derribar la que fue su casa hasta este verano, ahora de su ex marido. Argumenta que el Gobierno gallego no puede hablar de resolución judicial firme porque el proceso sigue abierto, ya que su ex pareja, Enrique López, ha representado un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. "La Xunta se ha pasado de frenada. No hay ninguna sentencia firme, se le ve el plumero demasiado", sostiene la diputada socialista, quien entiende que tras la actuación del Ejecutivo autonómico hay una "persecución política".

"Me cuesta creer que una Administración no sepa si hay un pronunciamiento judicial firme, porque entonces o son unos inútiles o actúan de mala fe", censura la ex conselleira y ahora portavoz de temas de medio ambiente en el Parlamento gallego.

La misma lectura hace su ex marido, quien ayer aseguró que no hay ninguna sentencia firme sobre el expediente de su casa y que la Xunta "precipita un desenlace que todavía no dictaminaron los tribunales de justicia".

Para Enrique López, en una opinión compartida totalmente por la ex conselleira de Pesca, esta precipitación de la Xunta obedece a la "batalla política" del PP contra Carmen Gallego. "Solo de esta manera se puede entender la celeridad con que la Consellería de Medio Ambiente actúa en este caso", acusa.

Enrique López muestra además su extrañeza por la rapidez, en su caso, en "aplicar una sentencia que no existe" mientras la Xunta lleva más de dos años sin actuar contra la urbanización Raeiros, en O Grove, en la que tiene su vivienda el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, a pesar de que el expediente judicial ya está resuelto.

El ex marido de la conselleira destaca también que en Vilaboa hay unas ochenta casas en la misma situación que la suya, con licencia municipal, aunque en la mayoría de los casos no fueron denunciadas.