En las elecciones municipales de mayo sólo votarán los que residan en el ayuntamiento. Aunque parezca lógico, será el Senado el que apruebe la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General el miércoles, tras 25 años de vigencia, impidiendo a los emigrantes decidir el alcalde en sus municipios de origen. En Galicia afectará a 360.000 personas en la diáspora, que por primera vez no podrán ejercer su derecho.

Tras su paso por el Congreso, será ahora la Cámara Alta la que ratifique la modificación de la norma, que se gestó durante dos años en una subcomisión parlamentaria presidida por el socialista Alfonso Guerra. Además de la exclusión de los comicios de los inscritos en el Censo Español de Residentes Ausentes (CERA), los cambios también influyen en otros ámbitos de la legislación. Se adelanta el censo válido para evitar empadronamientos de conveniencia, se mejora el sistema de concejo abierto para pequeños municipios y también se desactiva el papel clave de los concejales tránsfugas en las mociones de censura.

Pero, en Galicia, el elevado número de ciudadanos ausentes provoca que partidos y agentes sociales estén pendientes de los resultados de las primeras elecciones sin voto emigrante. Según datos de noviembre de 2010, hay un total de 365.172 gallegos registrados en el CERA, la mayoría originarios de A Coruña -127.580 personas- y Pontevedra -105.798-, frente a los 49.991 de Lugo y los 81.803 de Ourense. Suponen, además, una cuarta parte de los censos electorales de la mitad de los 315 ayuntamientos y en el caso de algunos concellos ourensanos como Avión o Bande, hay más votantes en el extranjero que vecinos.

Acabar con la incoherencia

Los tres partidos con representación en el Parlamento gallego creen que la reforma acaba con la "incoherencia" de que aquellos que no viven en los ayuntamientos puedan decidir quién los gobierna y todos admiten que habrá efectos en los resultados del 22-M.

El coordinador de los diputados gallegos del PP, Celso Delgado, considera que influirá por igual a populares y socialistas, por lo que tendrá un "efecto neutro", y que los nacionalistas serán los más beneficiados, por tener menor porcentaje histórico de voto en la diáspora. Tampoco preocupa especialmente en el PSOE la reforma legal. El secretario de Organización, Pablo García, subraya que su partido asume el cambio "con total tranquilidad", y está seguro de que se notará sobre todo en aquellos concellos con mayor número de emigrantes.

Desde el BNG, no contentos con esta novedad en las elecciones, reclaman que también se excluya a los gallegos ausentes de comicios autonómicos y generales. Creen que la decisión se ha quedado "corta", aunque el diputado en el Congreso, Francisco Jorquera, la califica de "lógica" y de "paso adelante".

La desaparición del porcentaje de voto emigrante se verá compensada, aunque no en su totalidad, por los ciudadanos de ocho países con convenio con España: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú. Por ahora pidieron votar 5.123 y otros 16.452 europeos también lo harán.