Bailar al son de las mejores orquestas de Galicia ha llevado a tres alcaldes de A Costa da Morte al banquillo. Los concellos de Cee, Fisterra y Mazaricos amanecieron el lunes pasado con un operativo policial sin precedentes en Galicia por una trama de adjudicaciones irregulares que recordaba a los practicados en Marbella con el caso Malaya o en Valencia, con el caso Gürtel. Hasta el momento ya son once los detenidos en el marco de la operación Orquesta, una investigación que arrancó en 2009 para seguir los pasos de uno de los ahora detenidos, Jorge López Lago, un empresario de espectáculos musicales al que la policía vincula con el mundo del narcotráfico.

Los pinchazos telefónicos por esta causa derivaron en otras dos piezas que ahora investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión: presuntas adjudicaciones a dedo a la empresa de Muxía Construcciones Ogando e irregularidades en las contrataciones de orquestas y actuaciones musicales para las fiestas patronales. La constructora, según fuentes de la investigación, se beneficiaba de adjudicaciones por parte de los tres ayuntamientos de A Costa da Morte a cambio de pagos en metálico con los que presuntamente el empresario contribuiría a sufragar algunos festejos del pueblo.

En los tres días que el juez instructor, Andrés Lago Louro, tomó declaración a los once imputados, entre ellos los alcaldes de Cee, Mazaricos y Fisterra, tres concejales y dos constructores, algunos comenzaron a cantar. Los cargos públicos se acogieron a su derecho de no declarar por consejo de sus abogados al no ser informados de los delitos que se les imputan, pero el constructor Daniel Ogando reconoció ante el magistrado haber entregado 29.000 euros al alcalde de Cee, 12.000 a uno de sus ediles y otros 5.000 euros a un funcionario de Mazaricos. Esas fueron precisamente las fianzas impuestas a estos imputados para evitar su ingreso en prisión.

Según fuentes de la investigación, el representante de orquestas Jorge López Lago, que en 2003 ya había sido detenido por su implicación con el alijo de cocaína del South Sea, fue quien dio pie a la apertura de la investigación en los tres concellos de A Costa da Morte. A López Lago se le había intervenido el teléfono por su presunta vinculación con el narcotráfico y fue su amistad con el alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo, la que destapó una trama que nada tenía que ver con las drogas, sino con adjudicaciones irregulares de obras públicas a cambio de favores.

El empresario de espectáculos musicales, imputado por supuestos delitos contra la hacienda pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias, habría actuado como mediador entre Construcciones Ogando, empresa fundada en Muxía hace más de dos décadas, y el alcalde de Cee para abrirle las puertas en ese municipio. Las pruebas apuntan a que López Lago actuó como intermediario valiéndose de su amistad con el regidor, por lo que habría recibido del empresario de la construcción la cantidad de 8.000 euros. Tras pagar 6.000 de fianza, el representante de orquestas quedó en libertad; mientras que tanto el constructor Daniel Ogando como su hijo, también imputado en la causa, tuvieron que depositar 10.000 euros cada uno para eludir su ingreso en prisión.

Con la mediación del representante de orquestas, la constructora Ogando tendría también las puertas abiertas para conseguir obras en Mazaricos y en Fisterra. En el primero de los casos, el alguacil del Ayuntamiento, Benito Martínez, habría recibido, presuntamente, un sobre de los constructores con 5.000 euros, una cantidad que supuestamente se iba a destinar a pagar la fiesta de A Fervenza.

"No soy un corrupto"

Todos los detenidos en el marco de la operación Orquesta fueron puestos en libertad. A tres meses y medio de las elecciones municipales, los alcaldes arrestados, José Manuel Traba Fernández, de Fisterra; José Manuel Santos Maneiro, de Mazaricos -ambos del PP- y el independiente Ramón Vigo, de Cee, proclamaron a los cuatro vientos su inocencia. Tras pasar por el calabozo y comparecer ante el juez, los tres regidores se reincorporaron a su trabajo en Alcaldía en un intento por volver a la normalidad.

"Estoy tranquilo, yo no maté a nadie". "No pasa nada, no hay nada que ocultar". "No soy un corrupto. Incluso pierdo dinero con la política". Esas fueron algunas de las declaraciones hechas a su salida de los juzgados por los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos, tres localidades que apenas suman 17.000 habitantes. En un intento de volver a la normalidad, los regidores se esforzaron en los últimos días en restar importancia a sus detenciones y las noches en el calabozo.

Los tres regidores imputados volvieron a sus puestos de trabajo al día siguiente de prestar declaración. A diferencia de la última vez que habían estado en la Alcaldía, en esta ocasión no lo hicieron escoltados por agentes de la Policía. A los mensajes de ánimo que familiares y vecinos les dieron a la entrada del juzgado cuando fueron citados a declarar, se sumó el apoyo de los funcionarios cuando regresaron a sus despachos. Fue a mediados de semana. El recibimiento en los tres concellos fue caluroso y, sobre todo, un intento de vivir ese día "como si fuera lunes otra vez", según apuntaron funcionarios del Concello de Fisterra el miércoles, día en que el alcalde retomó sus tareas en el consistorio.

A la espera de que se levante el secreto de sumario en el plazo de un mes, los alcaldes de A Costa da Morte defienden la presunción de inocencia de sus compañeros, al tiempo que critican el despliegue policial porque -según denuncian- "criminaliza" a todos los regidores. Desde la Federación de Municipios y Provincias (Fegamp), su presidente y también alcalde de Ames, Carlos Fernández, advirtió en una entrevista a este diario de que "las investigaciones se suelen alargar mucho y el daño causado ya es irreparable". "Mi experiencia -añade- me dice que estas medidas espectaculares después no se reflejan en condenas y se demuestra que no era para tanto". Y por ello, lamenta que la imagen pública de los regidores ya está dañada: "Se asocia alcalde con corrupción".