Los partidos políticos afilan ya las armas de cara a las elecciones municipales de mayo, pero lo hacen con incertidumbre ante una novedad legislativa que se aplicará al período previo a la campaña: la prohibición de participar en inauguraciones de obras y actos institucionales de autopromoción. La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que entró en vigor el pasado 30 de enero, impondrá esta nueva restricción a Gobierno, Xunta, diputaciones y concellos a partir del día en el que se convoquen las elecciones (28 de marzo) y hasta su celebración (22 de mayo). Esto se traducirá en un aumento del período vetado a los cortes de cintas y la colocación de primeras piedras, que hasta ahora se limitaba a las dos semanas de campaña.
El texto indica que a partir de la convocatoria electoral "queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones". A este artículo le sigue otro que también prohibe "cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos (?) sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho período".
Tanto la Xunta como los tres principales partidos gallegos muestran dudas sobre esta redacción y perciben en ella algunas "lagunas" de cara a su aplicación práctica. Pese a estos recelos, fuentes de Presidencia reconocen que el tema no ha sido abordado aún en el seno del Gobierno y que su calendario de inauguraciones y obras sigue inalterable.
La ley supera ya el código de conducta que firmó el bipartito en el año 2007 obligando a sus conselleiros a reducir la colocación de primeras piedras de sus proyectos y actos publicitarios durante las campañas electorales. Su decisión se produjo para atenuar las tensiones con su socio en el gobierno y evitar una guerra de actos mediáticos, además de que iba en consonancia con las críticas vertidas por el entonces presidente Emilio Pérez Touriño contra su predecesor, Manuel Fraga, al que reprochó usar el corte de cintas y las visitas a obras como medio de promoción preelectoral. Ahora, y por ley orgánica, se amplía el plazo de veto y se extiende a los propios alcaldes y presidentes de diputaciones.
Los partidos ya han comunicado estos cambios. Fuentes del PP gallego insisten en su incertidumbre sobre el contenido de la ley y se preguntan "si el Consello de la Xunta podría anunciar una inversión de 30 millones de euros para una gran ciudad". Estas dudas, creen, podrían producir una "cascada" de denuncias por supuestos incumplimientos de la norma.
Para tratar de evitarlas, los populares ya se han puesto manos a la obra y han enviado una directriz a sus órganos provinciales para que adviertan a sus alcaldes de esta novedad legislativa, aunque es cierto que el PP no gobierna en ninguna de las siete grandes ciudades, las que, sin duda, despliegan una mayor actividad desde el punto de vista de las inauguraciones y la promoción de sus actos. También les piden "ser lo más escrupulosos posible" y que, ante la duda, eviten actos que puedan entrar dentro del abanico que abarca la nueva ley, la misma que impedirá a los residentes ausentes votar en unas municipales. En Galicia supondrá que 360.000 emigrantes no puedan elegir alcalde.
La misma estrategia ha seguido la oposición. El PSdeG ha enviado una circular a sus agrupaciones locales para informarles sobre el contenido de la reforma electoral y sus prohibiciones, si bien fuentes de esta formación indican que en los próximos días se enviará otra más detallada y en la que pretenden resolver las "dudas" que puedan tener "sobre la letra pequeña". En este proceso, explican que los responsables de organización y acción municipal mantendrán contacto permanente con las direcciones provinciales para informar al partido.
También el BNG ha comunicado a sus alcaldes esta novedad. Además, fuentes nacionalistas avisan de que estarán "vigilantes" para que ningún partido "se salte mediante subterfugios" las prohibiciones y descartan dudas sobre éstas. "El sentido está claro: evitar campañas encubiertas", indican.
Por su parte, los alcaldes mantienen sus planes y se limitan a anunciar que cumplirán con la ley. Los regidores de Vigo y Santiago, los socialistas Abel Caballero y Xosé Sánchez Bugallo respectivamente, coinciden en su posición. "Si llegado el 28 de marzo debemos poner en marcha una obra o un servicio lo haremos sin inauguración", indican fuentes cercanas al primero.
