"Pues déjame ver esa lista, por si me coincide alguno que interese". Con estas palabras, el alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo, imputado en la operación Orquesta por seis delitos, le pide al constructor Daniel Ogando, también implicado en la trama de corrupción de A Costa da Morte, el listado de desempleados del Inem para decidir a quién contrata para alguna de las obras que el regidor adjudicó a dedo a la empresa de Muxía. El juez, Andrés Lago Louro, asegura, tras estudiar las escuchas telefónicas del caso, que Vigo obligaba a emplear a ciertas personas afines "con el fin último de obtener algún rédito electoral" y que las conversaciones muestran la "sumisión" del empresario. "El grado del control que el alcalde ejerce sobre la adjudicación de las obras públicas así como sobre el propio constructor es tal que incluso llega a imponerle a éste los trabajadores que han de ser contratados", concluye en uno de los autos del sumario.

Es el 29 de julio del año pasado, cuando Ogando le explica al regidor ceense que tiene que elegir de entre una lista de desempleados a los trabajadores: "Primero a boleo me manda (el INEM) una serie de ellos (empleados) y tengo que dar una razón de por qué los cojo o por qué no los cojo". Ante la aclaración, el alcalde le ordena: "Cuando llegue el listado, dámelo a mí, y lo miramos aquí y hablamos", y añade que "si coincide, hacemos fuerza". Además, le avisa de que tiene "el cajón lleno de currículums".

Pocos días después, el 2 de agosto, el primer edil se lamenta de que ya estén contratados los trabajadores y que no reparara en que uno de los incluidos en la lista era un conocido: "Resulta que una persona de la lista había estado con nosotros, pero por los apellidos no lo conocí, joder, fue una pena". El constructor le avisa de que el proceso está cerrado y Vigo apostilla: "Si puedes echarle una mano a alguien pues se la echas, ¿me entiendes?".

En este momento de la investigación, que se alargó medio año más, estas conversaciones hacen que el juez de Corcubión concluya que es "muy sintomático" que la obra adjudicada a Ogando "no lo fue por procedimiento legalmente preceptivo sino por influencia directa del alcalde", ya que de otra manera, dice, "no se puede explicar tal grado de sumisión (...) incluso a la hora de contratar sus propios trabajadores".

No son estas dos las únicas conversaciones sobre contratos hechos por intereses personales, ya que la propia jefa del gabinete de Alcaldía, también imputada, recibe una llamada de una mujer para que dé un trabajo a un "chico", a lo que la empleada municipal de Cee responde que ya se reunió "el tribunal" y que no puede hacer nada, por lo que la investigación se pregunta: "¿Cómo son los procedimientos de contratación de personal, hay tribunales para la selección o son metidos a dedo? ¿Se influye en los tribunales?".

Otro de los diálogos se produce entre Ogando y un desconocido, que la Policía cree que podría ser el alcalde de Fisterra, José Manuel Traba (PP). Éste le menciona a un "rapaciño", de "trabajar mes y medio", y aunque el constructor pone resistencia finalmente habla con su novia y le dice que "aquí no obliga nadie" pero que le parece "adecuado". "¿Por qué es adecuada? ¿Debe algo Daniel (Ogando) al alcalde, tal vez por la concesión de alguna obra o simplemente está ganando puntos para posibles adjudicaciones futuras?", se preguntan los agentes.

Proceder normal

Sobre la adjudicación de una obra promovida por Portos de Galicia en Fisterra a la empresa imputada en la trama a través de la mediación del alcalde, el ente público justifica este proceder como práctica habitual a la hora de adjudicar obras menores -por importe inferior a 50.000 euros-. Tanto el Concello como otras administraciones son consultadas, aseguró ayer un portavoz de Portos, para saber qué empresas operan en la zona y aprovechar su cercanía al lugar de los trabajos. También es normal, añadió, que se pongan en contacto con las compañías para informarles de la licitación. Además, la misma fuente apuntó que es sólo uno de 60 los contratos menores otorgados en los últimos dos años el que fue a parar a Construcciones Ogando y destaca que los 48.492 euros (sin IVA) del relleno del puerto supone sólo el 0,2% de lo que invirtió el ente durante todo 2010 -30 millones-.

Con respecto a otra de las obras que aparecen en el sumario, la de Sardiñeiro, Portos especifica que la empresa imputada no se presentó al concurso. Las conversaciones versaban justamente sobre la necesidad de formar una UTE con otra compañía que tuviera experiencia en obras marítimas.