La Xunta no dará marcha atrás en su empeño por obligar a los propietarios de caballos a identificar sus animales mediante un microchip. El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, explicó ayer que la implementación de este dispositivo no es una decisión que haya tomado la Xunta, sino que se trata de una norma de la Unión Europea que, España primero y Galicia después, tuvieron que adoptar. Pese a la contestación que está recibiendo desde una parte del sector, la normativa "hay que aplicarla", subrayó, "igual que se aplicó en otras especies e igual que se aplica en los animales de compañía".

El microchip, similar al que se implanta a las mascotas, pero de diferentes dimensiones, permite la identificación del caballo para tenerlo "controlado" porque "puede causar daños a terceros, como accidentes o destrozos, y en este caso, el propietario tiene una responsabilidad", argumentan desde Medio Rural. El propio decreto de noviembre de 2008 mediante el que la Xunta adaptó la norma europea argumenta que se trata de "realizar un efectivo control sanitario de los animales, y asegurar la trazabilidad y seguridad de los productos destinados a la alimentación humana" y de dejar clara "la responsabilidad de los propietarios de caballos cuando estos causen daños a terceros".

Juárez insistió ayer en que el decreto que regula el microchip se publicó cuando el actual Gobierno aún "no estaba en la Xunta". "Este Gobierno lo único que hizo en relación con este asunto fue aplicar la normativa que heredamos de una forma gradual y que permitiese a todos los dueños de caballo tener acceso al chip de forma fácil y barata", explicó. De hecho, insistió, a partir de una estimación de "coste máximo" de cuarenta euros por identificación, la Xunta establece ayudas del 90% el primer año, que disminuyen hasta el 75, 60 y 40% hasta 2013. Este año, la partida contemplada para este fin alcanza los cien mil euros y los propietarios con varios caballos pueden optar a un máximo de diez mil euros en ayudas. El proceso se hace de modo "paulatino", aseguran desde la Consellería de Medio Rural, "con el objetivo de facilitar a los dueños de caballos el cumplimiento" de la legislación.

Mientras siete asociaciones caballares -A Groba, O Castrove, Serra do Suido, Monte Acibal, A Valga, Morgadáns y Monte Galiñeiro- amenazan con suspender las rapas y curros si son obligados a identificar los equinos salvajes con un chip, la Xunta cree que no es necesario llegar a ese extremo. Samuel Juárez opina que la obligatoriedad de identificar a los animales "no tiene por qué suponer la suspensión de ningún evento", tal y como demuestra la decisión de la asociación de Sabucedo de seguir adelante con su rapa.

Por su parte, la asociación animalista Libera lamentó, a través de un comunicado, que se "boicotee una legislación cuyo origen ha sido la Unión Europea, y que no ha planteado problemas en ningún país comunitario salvo España", hecho que relacionan con la "laxitud con respecto a las normas de bienestar y protección de los animales, como la continua colocación de cepos". La entidad defensora de los animales, también advierte que puede recurrir a la Comisión Europea, o al mismo Europarlamento, si detecta que los animales siguen sin ser identificados, "lo que daría lugar a una posible investigación comunitaria".

El microchip que deben llevar los caballos es similar al que ya se utiliza en mascotas, como perros, aunque de un tamaño diferente. Son los colegios oficiales de veterinarios los que facilitan a sus colegiados autorizados -solo pueden colocarlo los que hicieron un curso específico- la jeringuilla con el microchip, cuyo precio oscila entre los 18 y los 20 euros, mano de obra aparte.