Tras verse las caras ya en los tribunales, el enfrentamiento entre el Puerto de Ferrol y la trabajadora que demandó el año pasado a su presidente y a otros dos altos cargos por acoso sexual y laboral suma ahora un nuevo capítulo. La Autoridad Portuaria acaba de abrir un expediente sancionador contra la técnico ferrolana basándose en que durante el proceso judicial remitió a diferentes medios de comunicación un escrito "con contenido ofensivo" contra Ángel del Real y otros empleados del ente público.

Amparándose en la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Estatuto Básico del Empleado Público, la dirección portuaria justifica el expediente (abierto a instancias del propio Ángel del Real el pasado 4 de agosto) en que estos hechos pueden ser constitutivos de una infracción muy grave "susceptible de ser sancionados hasta con despido". La defensa de la trabajadora ya ha presentado alegaciones para solicitar el "archivo y sobreseimiento inmediato" del procedimiento sancionador, que interpreta como "un elemento más de la compleja y tortuosa cadena de acoso" emprendida desde la Autoridad Portuaria contra su representada.

La apertura del expediente se produce prácticamente un mes después de que la Justicia absolviese al presidente de la entidad ferrolana así como a los otros dos altos cargos denunciados de las acusaciones de acoso laboral y sexual realizadas por L.G.P. El magistrado del Juzgado de lo Social número 1 de Ferrol estimó entonces que la demandante no había aportado "indicios razonables" como para determinar que desde agosto de 2009 sufrió mobbing por parte de varios miembros de la cúpula del Puerto, una actitud consentida e instigada, según sostenía en su demanda, por el propio Ángel del Real.

La denunciante recurrió la decisión ante el Tribunal Superior de Xustiza, que también tiene pendiente otro recurso presentado por el Puerto después de que un juzgado de Ferrol le condenase a finales de abril a indemnizar a esta misma trabajadora por incumplir una subida salarial. Las causas judiciales pendientes entre la técnico y la entidad pública son uno de los argumentos que utiliza ahora su defensa para exigir que el expediente quede sin efecto ya que las supuestas manifestaciones "ofensivas" que se le imputan, dice, se refieren a los propios hechos en los que basó sus dos demandas judiciales.

En las alegaciones remitidas al Puerto la semana pasada, la defensa de L.G.P. solicita también su "nulidad" porque fue el propio presidente del ente público el que inició el procedimiento, un papel que, aduce, no puede asumir alguien que tiene varios litigios pendientes con la interesada. "La persona que incoa o instruye este expediente sancionador carece absolutamente de la imparcialidad que se le debe exigir a toda Administración Pública, máxime cuando se trata de tramitar un procedimiento sancionador dirigido a su propio personal", argumenta el abogado Xoán Antón Pérez-Lema.

La defensa de la técnico ferrolana encuentra todavía un tercer argumento para reclamar el archivo del procedimiento sancionador. Y es que Ángel del Real también presentó por el mismo motivo una querella criminal por injurias y calumnias contra L. G. P. , demanda por la que a finales de junio el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol ordenó abrir juicio oral. A la espera de que se celebre la vista, Pérez-Lema sostiene en sus alegaciones que el expediente sancionador incurre en "prejudicialidad penal" ya que se anticipa al fallo que deberá emitir el juez "sobre los mismos hechos".

"Todo ello corrobora la existencia del acoso laboral y la obsesiva destrucción personal dirigida por esta Autoridad Portuaria contra mi representada, constituyendo la incoación de este expediente sancionador el corolario último de una inclemente campaña de desprestigio contra su persona", concluye el escrito de alegaciones.