Ningún concello sin planeamiento. Con esta ambiciosa premisa el Gobierno de Manuel Fraga impulsó hace ahora casi nueve años la Lei de Ordenación Urbanística e de Protección do Medio Rural, una normativa con vocación unificadora y proteccionista, que aspiraba a erradicar el feísmo del paisaje municipal gallego. Pero la llamada Lei do Solo no solo fracasó en su intento por dotar de estabilidad jurídica al urbanismo sino también en su toque de atención a los concellos para que agilizasen la adaptación de sus planeamientos a la legislación autonómica o aprobasen por primera vez una normativa urbanística.
Tras casi nueve años en vigor, ocho de cada diez concellos (261) aún no han adaptado sus instrumentos urbanísticos a la normativa gallega y solo 54 ya han completado el proceso a pesar de que el plazo límite legal para hacerlo expiró en enero del año 2006. La situación es más grave incluso para un grupo de 40 concellos que, con independencia de lo que diga la legislación autonómica, nunca han tenido ningún tipo de instrumento o norma propia para ordenar el desarrollo urbanístico de su municipio.
Estos 40 ayuntamientos -24 en Ourense, 10 en la de Lugo, tres en A Coruña (Dumbría, Frades y Monfero) y tres en Pontevedra- han sobrevivido durante años sin ningún reglamento de planificación municipal, una circunstancia que solo se explica por sus propias características, ya que se tratan de concellos pequeños (ninguno se acerca a los 5.000 habitantes y en casos como el de Triacastela, ni siquiera llegan al millar), eminentemente rurales y, por tanto, con escasa actividad constructiva, y ubicados en el interior, al salvo de la fuerte presión urbanística de las zonas costeras.
Pero estos concellos no son los únicos que viven el día a día sin una herramienta de referencia para regir su crecimiento. En los últimos años varios planeamientos municipales acabaron en manos de los tribunales o de la Xunta por contradecir algunos de los principios básicos de la norma o permitir el desarrollo urbanístico en zonas sensibles o de especial protección.
Por este motivo otra decena de concellos (los coruñeses de Abegondo, Ares y Sada, los lucenses de Barreiros y Viveiro, el ourensano de Verín, y los pontevedreses de A Estrada, Gondomar, O Grove y Ponteareas) tienen anulados por mandato judicial o suspendidos por la Xunta sus respectivos Planes Generales de Ordenación Municipal, lo que en la práctica los deja sin instrumentos de planificación o, en el mejor de los casos, con normas subsidiarias con más de 20 años.
Junto a los concellos sin normas propias y aquellos que las tienen pero no pueden aplicarlas destacan también los 19 municipios que lo único que tienen es una Delimitación de Suelo Urbano (DSU), un instrumento tan básico que solo sirve para marcar el límite entre la superficie urbanizable y la rural.
Para tratar de invertir esta tendencia a vivir sin planificación urbanística, la Xunta lleva años estableciendo importantes líneas de ayudas para animar a los concellos a redactar sus planeamientos o adaptar los vigentes a la normativa en vigor, un proceso largo, complejo y sobre todo muy caro en el que los municipios suelen mostrarse reticentes a embarcarse, máxime en el actual contexto de crisis. De hecho, solo 54 lo han hecho ya y otros 153 han iniciado la revisión del PGOM para adaptarlo a la Lei do Solo.
A las ayudas repartidas para redactar y actualizar los planeamientos municipales desde el bipartito, se sumarán entre este año y 2015 otros 22,4 millones de euros que se distribuirán de forma fraccionada a medida que sus PGOM vayan superando trámites entre los 236 concellos con derecho a estas ayudas.
