X. A. TABOADA | SANTIAGO Ante la persistencia de la crisis económica, la Consellería de Medio Ambiente aprovechará la próxima tramitación de los presupuestos de la Xunta para 2012 para introducir en la ley de acompañamiento una exención con carácter indefinido en la aplicación del canon del agua, la nueva tasa que entrará en vigor el día 1 de enero que grava los consumos domésticos e industriales en función del volumen de recursos gastados. Esta exención consistirá en liberar del pago en su totalidad a las familias con las rentas más bajas de la comunidad autónoma, aquellas que se consideran que en riesgo o en situación de exclusión social. Los cálculos de la Xunta prevén que de esta medida se beneficiarán unas 7.800 familias que en su conjunto, si tuvieran que abonar la tasa, deberían aportar a las arcas autonómicas unos 400.000 euros.

De esta bonificación del 100% en el canon del agua también disfrutarán todos los centros, casas de acogida, comedores sociales o albergues que dan servicio a estas personas que se encuentran e riesgo de exclusión. Por este concepto, la Xunta dejará de ingresar unos 140.000 euros.

"De este modo se intentará no poner en peligro la renta mínima que se trata de garantizar desde la administración para estas personas con dificultades", argumentan desde el departamento que dirige Agustín Hernández. En la ley de acompañamiento figurarán los detalles de las familias que dispondrán de esta exención, básicamente todas aquellas incorporadas a algún programa de inclusión social. La Xunta estima que actualmente hay unos 7.800 hogares en estas condiciones.

La exoneración, tanto para los hogares en riesgo o situación de exclusión como de los centros que atienden a estas personas, entrará en vigor el mismo día que comenzará a aplicarse el canon del agua, aunque en los presupuestos del próximo año apenas tendrá repercusión, dado que la tasa la cobran la compañías suministradoras y éstas no liquidan los pagos hasta mediados o final de año. Así que no será hasta 2013 cuando se note en los presupuestos, con una pérdida de ingresos de unos 540.000 euros.

Pero habrá más bonificaciones, aunque solo por un año, para los habitantes de los municipios con depuradoras gestionadas por la Xunta. En más de una veintena de ayuntamientos nunca se ha repercutido sobre los ciudadanos el canon de saneamiento vigente, algo que se hará a partir del próximo día 1 de enero, aunque ya reconvertido en el coeficiente de vertido que grava la depuración de las aguas residuales.

Para mitigar el impacto de la subida, durante el primer año los habitantes de estos concellos tendrá una deducción del 50%. Entre otros, figuran los municipios de Cedeira, Muros, Rois, Cariño, Laxe, Melide, Pontevedra, Marín, Cambados, Vilanova de Arousa, Moraña, Baiona, Nigrán, Gondomar, Tomiño, Salceda de Caselas, O Porriño, Soutomaior o Vilaboa.

"La Xunta gestiona a día de hoy 23 depuradoras de aguas residuales sin que se le esté repercutiendo los costes de explotación a los ciudadanos. Esto crea una situación de injusticia con el resto del territorio gallego, en el que sus habitantes sí pagan la depuración gestionada por los concellos, y se trata de algo insostenible si la Xunta va a asumir la explotación de más depuradoras", argumenta la Consellería de Medio Ambiente. Esta medida se incluirá también en la ley de acompañamiento de los presupuestos y significará que las arcas autonómicas dejen de ingresar unos tres millones de euros. Pero solo será por un año. Luego se aplicará el coeficiente de vertido en su integridad.

Con el nuevo canon del agua que entrará en vigor en enero del próximo año, la Xunta ingresará un total de 48 millones de euros al año frente a los 35 actuales, según cálculos de la Consellería de Medio Ambiente. Estas estimaciones suponen más del doble de lo previsto por el Ejecutivo gallego cuando empezó a debatirse el nuevo canon del agua, ya que tan solo preveía recaudar cinco millones más al año frente a los 13 que calcula ahora.

Además de bonificaciones y exenciones en el nuevo canon del agua y en el coeficiente vertido, la Consellería de Medio Ambiente también incorporará una nueva tasa en los presupuestos del próximo año. La Xunta creará una específica destinada al mantenimiento de los embalses de abastecimiento con el objetivo de recaudar 1,7 millones de euros al año que permitan a la Administración "atender las obligaciones" que los concesionarios de los servicios de explotación de presas "no asumen".

El presidente de Augas de Galicia, Francisco Menéndez, explicó ayer en declaraciones a Europa Press que este tributo -denominado canon de regulación- responde a un "cierto estado de abandono" que el Ejecutivo autonómico "detectó" durante la ejecución de las obras en los embalses de abastecimiento.

Estas infraestructuras son titularidad de la Administración autonómica y están gestionadas por las compañías gestoras de los servicios de abastecimiento. Pero, según asegura el presidente de Augas de Galicia, organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, ni las compañías ni los ayuntamientos como titulares de las concesiones "realizan las labores de mantenimiento y conservación".

Ante esta "falta de asunción de competencias", las obras, realizadas en las presas de Cecebre, Forcadas, Eiras, Con y Bahiña, tuvieron que ser costeadas por la Administración autonómica, que se gastó más de cinco millones. La idea es que, o las operadoras asuman estas labores de conservación y mantenimiento de explotación de las presas, o que lo haga la Xunta y se lo repercuta a las compañías", asegura el presidente de Augas de Galicia.