"Tenemos muchos ayuntamientos y muy pequeños, eso favorece el clientelismo"

-Seguramente un poco de todo. En España estamos acabando una fase alcista de crecimiento económico donde todos estos fenómenos ocurrían con relativa impunidad y ahora están saliendo más a la luz por la debilidad política de la que los sufren. Una de las críticas que se puedan hacer a este argumento de que son las entidades locales más susceptibles de corrupción, es que también quizás sean ellas las más vulnerables ante actores que están por encima de ellas para levantar estos casos. Pero a lo mejor hay entidades más arriba que están más protegidas de la investigación.

-Mientras en el resto de Europa se ve a las administraciones locales como las más transparentes, en España no es así.

-Efectivamente, mientras en el contexto internacional suelen ser vistas como las más transparentes, democráticas y menos corruptas, aquí es justo lo contrario. Los ciudadanos perciben a las administraciones locales como las más susceptibles de caer en la corrupción. Habría que ver el porqué de esto. En parte, es por la burbuja que hemos sufrido, de una magnitud casi única en España. Además, el diseño institucional de los ayuntamientos -son muy pequeños y tienen muy poca infraestructura de monitoreo de cuentas- ha hecho que la transparencia fracasara; precisamente porque la poca dimensión de estos municipios hacía poco aconsejable que desarrollaran estructuras de control de gasto. Y pese a ser pequeñas, muchas de las decisiones que toman estos ayuntamientos tienen consecuencias económicas de gran magnitud, como por ejemplo la recalificación de terrenos.

-¿En qué medida influye el tamaño de un municipio en los casos de corrupción?

-El tamaño debería estar negativamente asociado con la representatividad del ayuntamiento. Es decir, cuánto más cercano está el alcalde a tu posición como ciudadano más deberíamos esperar que fuera responsable y tuviera menos oportunidades de escapar del control de sus votantes. Pero los datos no parecen dar apoyo a esta visión. En los países y regiones más grandes, los ciudadanos no perciben a las instituciones más alejadas de ellos, ni que la democracia funciona peor. Esto puede ser porque los municipios pequeños son más susceptibles de caer en redes clientelares porque no tienen los mecanismos de control necesarios. Esto encaja en la teoría política que viene desde Madison, que decía que hay que hacer comunidades políticas grandes para evitar que haya pequeños grupos de poder dentro de un pequeño ayuntamiento con capacidad de corromper el sistema.

-¿Eso es extrapolable a la situación en los municipios en España y en concreto, los gallegos?

-Lo que está claro es que por tener municipios más pequeños no se mejora la representación de los ciudadanos porque luego estos ayuntamientos se ven obligados a depender de mancomunidades y diputaciones para proveer muchos servicios públicos. Lo que sí puede ser verdad es que los ayuntamientos pequeños son más susceptibles de caer en estas redes clientelares. No vamos a solucionar del todo el problema aumentando el tamaño medio de los municipios porque hay ayuntamientos como Marbella que tienen estos problemas, pero lo cierto es que España tiene demasiados municipios y muchos muy pequeños. Esto hace muy ineficiente la provisión de muchos servicios y que sean más susceptibles de caer en redes clientelares.

-La Fiscalía gallega propuso endurecer los mecanismos de control de la gestión pública a través de los secretarios e interventores municipales. ¿Es una posible solución para atajar los casos de corrupción?

-No sé qué relevancia final tendrían estos informes vinculantes y hasta qué punto socavarían la autonomía local reconocida en la Constitución. Pero creo que estas recomendaciones de aumentar el tamaño de los municipios, no obligándolos, pero sí fomentándolos y dando incentivos para que los ayuntamientos cooperen y creen unidades administrativas más grandes es una de las posibles soluciones. Después, sin duda habría que fortalecer los mecanismos de control; y de cara a los ciudadanos -y esa es una reforma más a largo plazo- hacer un reparto más claro de competencias. Esta es una reforma pendiente que ayudará a los ayuntamientos a tener claro que son responsables de unas cosas y de otras no, y que los ciudadanos sepan a quién castigar.