La primera pista de la trama que después se bautizaría como operación Campeón surgió en una investigación por tráfico de drogas en Arousa. De las escuchas telefónicas para indagar un caso de narcotráfico saltaron indicios de un presunto fraude en subvenciones públicas. La juez Estela San José, implacable en la resolución de tramas con implicación de políticos, empresarios y fuerzas de seguridad desde su llegada al Juzgado número 3 de Lugo, ordenó tirar del hilo y abrir diligencias paralelas.
La sospecha inicial llevó a un nombre: Nupel, firma farmacéutica lucense, propiedad del empresario todoterreno Jorge Dorribo. Según los primeros datos de la Agencia Tributaria, los directivos de la empresa, presuntamente, "habrían montado una trama para obtener subvenciones destinadas al fomento de nuevas inversiones en empresas, contando para ello con el asesoramiento del Igape".
Tras varios meses de investigación judicial, en colaboración con la Oficina Europea contra el Fraude y del Banco Europeo de Inversiones, el resultado saltó a la luz pública el 24 de mayo: 15 implicados en la trama por diversos delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Unos días después de las elecciones municipales, evitando así perjudicar a los partidos políticos en sus resultados, se produjo el mediático arresto del director general del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Joaquín Varela de Limia Cominges, y del subdirector de Informaciones Especiales del mismo organismo, Carlos Silva Liste.
Entramado
El mismo día era detenido el propietario de Nupel, Jorge Dorribo, una doctora y responsables de otras empresas que en teoría habían participado en la trama. Hubo registros e inspecciones, por parte de efectivos de Vigilancia Aduanera, en la sede de los laboratorios Nupel, en Proitec (sociedad lucense especializada en redacción de proyectos de ingeniería), en el propio Igape y en 12 empresas más vecinas de Nupel en el polígono industrial lucense de O Ceao.
Fue el día grande de la operación Campeón. Mientras la reputación del Igape sufría un duro golpe, con dos altos cargos imputados, Jorge Dorribo ingresaba en la prisión lucense de Bonxe, el único protagonista de esta trama encarcelado. Supuestamente habría solicitado de forma fraudulenta cuatro millones de euros en ayudas europeas a través del Igape. El propio empresario habría admitido en los extensos interrogatorios que presentó facturas falsas para captar ayudas.
¿Conocían los cargos del Igape implicados en la trama el destino fraudulento de las subvenciones públicas concedidas a la farmacéutica? ¿Hubo asesoramiento intencionado? ¿Existía un control, a posteriori, sobre el uso del dinero público para justificar la concesión de las subvenciones? Muchas de estas cuestiones todavía no han sido contestadas.
Unos días después de ser arrestados, la juez lucense dejó en libertad con cargos al director xeral del Igape, Joaquín Varela de Limia, y al subdirector Carlos Silva. La implicación de ambos en la operación Campeón salpicó, en su momento, a la Consellería de Economía, organismo que desde un principio defendió la profesionalidad de los directivos del Igape.
Por su parte, la juez conocida previamente por instruir la causa de la trama que explotaba a marroquíes en granjas de la provincia lucense, la retirada fraudulenta de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico o la detención del alcalde de Castro de Rei y tres concejales por presunta prevaricación y tráfico de influencias, dejó en libertad con medidas cautelares dos meses y medio después al dueño de Nupel, con la obligación de comparecer diariamente en el juzgado y quedando sin pasaporte. El 29 de mayo, el director del Igape, imputado en la trama, abandonaba voluntariamente su cargo a la espera de la resolución final del proceso judicial.
