La crisis ha hecho de la transparencia en la gestión de los recursos públicos no solo una obligación sino una auténtica necesidad. En un contexto marcado por los recortes y las llamadas de atención del Gobierno para que comunidades y municipios contengan el déficit, son muchas las administraciones que siguen negándose a someter su gestión al control de los órganos fiscalizadores. Para luchar contra esta falta de transparencia, el Tribunal de Cuentas impulsó el año pasado un Plan de Actuación para que las entidades locales más reacias le enviasen los informes pendientes del periodo 2006-2008 bajo amenaza de sanción. La medida funcionó bien y de los 22 municipios y mancomunidades a los que Cuentas emplazó a cumplir vía requerimiento, 13 acabaron respondiendo.

La primera advertencia del ente fiscalizador, sin embargo, no surtió efecto en todos los casos. La negativa de siete ayuntamientos gallegos a atender este primer requerimiento e informar de su gestión llevó al Tribunal de Cuentas a dar un paso más e imponerles una multa económica. Se trata de sanciones personales que recaen sobre el regidor en lugar de hacerlo sobre el concello en su calidad de máximo responsable municipal. Y aunque su importe (entre 60,10 y 901,52 euros) parece escaso para disuadirles de que rindan cuentas, como reconoce el ente fiscalizador, la ley prevé la posibilidad de reiterar las sanciones económicas "hasta obtener el total cumplimiento" de su mandato.

Con otro tipo de entidades locales, en cambio, Cuentas ha mostrado de momento más indulgencia. De las tres mancomunidades gallegas con ejercicios pendientes, solo una (la de O Condado) respondió al primer requerimiento enviando las cuentas generales de 2007 y 2008. Pero las otras dos (la Mancomunidade Terra Cha y la de Augas de Carnota e Muros) todavía no han sido multadas pese a haber agotado el trámite de audiencia porque Cuentas admite que están siendo objeto de un tratamiento especial.

Pese a la efectividad de las medidas coercitivas, el Tribunal de Cuentas ha utilizado este año las multas económicas como último recurso y tras darle a las entidades locales varias oportunidades de rendir. Desde el organismo fiscalizador explican que tras un primer requerimiento en el que se le dan 15 días al municipio para presentar la cuenta general, el siguiente paso es abrir un "trámite de audiencia" para que los representantes de las entidades requeridas tengan una última oportunidad de rectificar y remitir sus informes económicos pendientes.

Este es el último "trámite previo" a la imposición de la multa, cuya cuantía y plazos de pago se les comunica a los regidores también por escrito. "Los alcaldes suelen pagar la multa y al mismo tiempo envían las cuentas, con lo que se cierra el caso", explican desde el tribunal.

En Galicia, sin embargo, solo uno de los alcaldes multados (la exalcaldesa de Cangas, Clara Millán) pagó de su bolsillo y remitió el informe de 2008. De los otros seis regidores multados, tres (Antas de Ulla, Viveiro y Covelo) recurrieron la sanción ante Cuentas para justificar el retraso y reclamar la devolución de la multa y otros dos (As Nogais y Barreiros) obtuvieron una prórroga del tribunal teniendo en cuenta que en ambos hubo un cambio de alcalde tras el 22 de mayo.

En cuanto al sexto, el regidor de Agolada, es el único al que Cuentas le ha remitido ya dos multas de 301,52 euros por no pagar y hacer caso omiso a su petición de los informes de 2006, 2007 y 2008.

Aunque el recurso a las multas ha sido puntual en 2011, todo indica que el tribunal tendrá que volver a echar mano de ellas. El año pasado solo un 29% de las entidades locales españolas remitió la cuenta general de 2009 antes del 31 de diciembre y en Galicia 79 concellos aún no habían presentado sus informes antes del verano y 133 lo hicieron pero fuera de plazo.

Estos escasos niveles de rendición llevaron al Tribunal de Cuentas a aprobar un nuevo plan específico para el ejercicio 2009. El resultado en Galicia es que otros nueve ayuntamientos han sido ya requeridos por escrito a informar de sus cuentas si no quieren enfrentarse a una sanción. Tres de ellos cumplieron dentro de los 15 días que se les dio de plazo pero los otros seis -entre los que repiten Viveiro, Antas de Ulla y Agolada y figuran, además, Mondoñedo, Calvos de Randín y Ribadumia- están a punto de agotar la fase de audiencia, el último trámite previo a la multa