La crisis ha hecho que el recurso a la financiación público-privada haya pasado de ser algo anecdótico a convertirse en la mejor baza de cualquier administración para seguir acometiendo nuevos proyectos. La Xunta no ha sido una excepción y a los proyectos que en su día impulsó el Gobierno bipartito recurriendo a este tipo de fórmula para construir infraestructuras como la autovía Santiago-Brión-Noia o la vía rápida de Barbanza, se han sumado tres más desde que a mediados de 2009 Alberto Núñez Feijóo recaló en San Caetano: los nuevos hospitales de Vigo y Pontevedra y la autovía de A Costa da Morte.
En total, el Gobierno gallego tiene en marcha siete proyectos que se ejecutarán gracias a las aportaciones económicas de las empresas que los construyen. Pero este desembolso no es gratuito. La Xunta tiene comprometidos 3.069 millones de euros en colaboraciones público-privadas hasta el año 2039, una cifra que triplica la inversión prevista para 2012 en los presupuestos gallegos. Este dinero, además, supera con creces el coste real de estas infraestructuras ya que el pago pactado con las concesionarias incluye intereses, costes de explotación y beneficios lo que dispara la factura final que deberá pagar la Xunta.
El recurso a este tipo de fórmula, que implica que la constructora financia con su propio dinero la obra a cambio de un canon anual durante el periodo que dure el contrato, ya fue puesto en entredicho este verano por el Consello de Contas, que en su último informe de fiscalización alertó de que los llamados peajes en la sombra generan un panorama incierto para las finanzas de la comunidad y condicionan en exceso la gestión de futuros gobiernos.
Su impacto en la confección de las cuentas gallegas, de hecho, se notará cada vez más y si en 2012 la Xunta tendrá que pagar ya 25,6 millones de euros por el canon de explotación de cuatro autovías (las de Santiago-Brión, Barbanza, O Salnés y la conexión entre la A-52 y la frontera portuguesa), esta cifra se multiplicará por cinco hasta alcanzar los 120,4 millones en el horizonte de 2014. Ese año está previsto que la autovía Carballo-Berdoias y los hospitales de Vigo y Pontevedra estén ya operativos lo que obligará al Ejecutivo gallego a empezar a pagar a las empresas concesionarias. Y el gasto comprometido en contratos público-privados seguirá en aumento hasta 2035, año en el que vencen las concesiones de cuatro de estos siete proyectos.
Tras la advertencia del Consello de Contas el Ejecutivo gallego parece haber tomado nota y frenará, al menos de momento, el recurso a esta modalidad de contratación. En el proyecto de presupuestos de 2012 la Xunta anuncia que el año que viene "no está previsto disponer más gasto a través de estas fórmulas" y de hecho, en la memoria del Sergas se indica que la intención de Sanidade es "proceder a la construcción de nuevos centros de salud y reformar los existentes utilizando fórmulas de financiación tradicionales".
La renuncia a la colaboración público-privada, en todo caso, será solo un aplazamiento. En el mismo documento también se dice que Sanidade "terminará el proceso de licitación de 18 nuevos centros de salud" a través de esta fórmula, una intención que ya había anunciado la Xunta en 2010 y que supondría incrementar a medio plazo el dinero destinado al pago de cánones.
Los presupuestos del próximo año destinarán 782 millones a inversiones reales lo que supone un ligero recorte (23 millones menos) respecto a la partida presupuestaria este año. Más allá del dinero que movilizarán las consellerías (402 millones) y los organismos autónomos y sociedades públicas (380) la Xunta también espera obtener 422,5 millones extrapresupuestarios a través de financiación privada y de la SPI, una previsión muy optimista ya que en 2011 sus cálculos quedaron muy lejos de la realidad.
Inversiones más relevantes
Entre los proyectos a cargo de las consellerías y los entes públicos (que destinarán el 52% de su inversión a obra nueva y muy especialmente al capítulo de infraestructuras) destacan, por cuantía, los 22,2 millones del dispositivo de defensa contra incendios, los 22,1 para el fomento de la modernización tecnológica, los 15,8 del programa de vacunación del Sergas, los 14,1 destinados por Medio Rural a defensa sanitaria y ganadera o los 11,3 millones del fondo de compensación ambiental para concellos. En cuanto a Medio Ambiente, la Axencia Galega de Infraestructuras centrará el grueso de sus inversiones: 251 millones de euros entre los que destacan los 14,8 millones de la VAC Sarria-Monforte, la VAP Ferrol-San Cibrao (11,1), el enlace de Curro en la autovía Pontevedra-Vilgarcía 9,6, los 11,7 millones en la variante de Noia y los ramales de acceso del tramo Santiago-Brión o los 2,76 millones para humanizar las vías autonómicas en Ferrol.
En cuanto al reparto territorial, sumando las inversiones reales, la aportación privada y también los 749,6 millones en transferencias de capital a otros entes paraproyectos de inversión, A Coruña, con 728,7 millones, y Pontevedra (615,7) son en términos absolutos las más beneficiadas. Pero con el objetivo de reforzar su apuesta por "el reequilibrio territorial", Lugo y Ourense salen ganando en el gasto medio por habitante, con 926 y 838 euros.
