Los casi 2.000 incendios registrados en el mes de octubre llevaron a la Xunta a reclamar a las fuerzas de seguridad más efectivos y mejores resultados para poner fin a esta actividad delictiva. Pero el Ejecutivo gallego también reabrió un viejo debate: si las condenas previstas contra los incendiarios son lo suficientemente duras. Amparándose en las elevadas cifras de intencionalidad que, según la Xunta, revelan los incendios de este otoño, Alberto Núñez Feijóo propuso modificar el Código Penal para endurecer las penas (tanto las de prisión como las sanciones económicas) contra quienes prendan fuego al monte.

Tras aclarar que "es legítimo pedir que se endurezcan las penas", Álvaro García explica que las condenas previstas contra este tipo de delitos (entre uno y cinco años de cárcel para incendios dolosos) "ya son bastante graves". Por eso, la postura de la Fiscalía, como defiende desde hace años en su memoria anual, pasa no tanto por subir el tope máximo de las condenas vigentes, como por revisar la pena mínima ya que, como aclara Álvaro García, "con una condena inferior a dos años nunca se ingresa en prisión".

En esta misma línea, el fiscal coordinador de Incendios en Galicia también considera que hay otros aspectos del Código Penal que podrían revisarse, como las quemas por imprudencia, que cree que merecerían "una tipificación diferente" cuando se producen "en época de máximo riesgo de incendios o en periodos prohibidos", o los "conatos", que en el Código Penal se consideran delito en tentativa, lo que rebaja mucho la condena aunque el incendiario fuese sorprendido in fraganti.

No obstante, pese a reconocer que hay cuestiones mejorables en materia penal desde el punto de vista de los incendios, García opina que no se trata de una cuestión determinante. "Los problemas no vienen tanto de la aplicación de la pena como de las dificultades para reunir pruebas", argumenta el fiscal. Un dato constatable en Galicia, donde los juicios por delitos de incendio se han cuadruplicado en seis años gracias al refuerzo de la investigación policial y a pesar de todo, solo el 10% de los detenidos acaban condenados y muy pocos en prisión.