La Xunta reprocha al bipartito haber tenido un papel activo en la Ley de Memoria

En la Comisión 1ª Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, a una pregunta oral de los socialistas sobre el grado de cumplimiento por parte de la Administración autonómica de la Ley 52/2007, conocida como Ley de la Memoria Histórica, durante los años 2009 y 2010, Castro ha destacado al PSdeG "debería dirigir las preguntas al Gobierno de España" para conocer el desarrollo de esta ley que, a su juicio, "resucita viejas heridas que se creían ya cicatrizadas".

Así, Castro ha justificado que "podría dar la impresión" de que es la Administración autonómica la responsable de dar respuesta a esta normativa legal, pero "lamentablemente no es así". Sobre este extremo, se ha referido a diversos artículos --como los de la reparación personal, el reconocimiento de pensiones, indemnizaciones o la localización e identificación de víctimas--, para aclarar que "no tienen nada que ver con la Xunta".

"Es cierto que el bigobierno de Galicia en la anterior legislatura tenía un papel activo en esto de la recuperación de la memoria histórica dejando de lado otras prioridades, y así les fue evidentemente", ha sentenciado Castro al comparar las actuaciones de las dos últimas Administraciones autonómicas en esta materia.

Por su parte, el diputado socialista José Manuel Lage Tuñas ha denunciado que Roberto Castro "omite deliberadamente" artículos en los que se aboga por la colaboración de "todas" las administraciones en la identificación de víctimas o la retirada de símbolos franquistas.

De este modo, Lage Tuñas han preguntado por qué el Gobierno de Galicia "es una de las pocas comunidades" en no haber firmado un convenio marco y "ninguna colaboración" con el Ejecutivo central en este sentido, una cuestión que el socialista ha dicho que solo se explica "excepto que se legitimen los fusilamientos".

'Nomes e voces' y San Simón

A renglón seguido, Castro ha remarcado que la actual Xunta "dedica su actuación a aspectos estrictamente culturales", y se centra en dos apartados, que son el proyecto de investigación 'Nomes e voces' --iniciado por el Gobierno bipartito-- y a la Fundación Illa de San Simón --lugar que fue campo de concentración de presos políticos contrarios al franquismo--.

Al respecto, Castro ha señalado que la Consellería de Cultura ha apoyado "activamente" las investigaciones dirigidas a la "recuperación de la memoria de la voz de los represaliados gallegos" con un acuerdo con las universidades gallegas de 240.000 euros en 2009 en relación con el proyecto 'Nomes e voces', el cual pasó a tener una inversión de 30.000 euros en el año 2010.

Tras criticar que el Gobierno bipartito "fue incapaz de darle algún uso" a la Illa de San Simón "más allá de la propaganda y uso político", Castro ha valorado que en los dos últimos años y medio "fue totalmente recuperada" para diversas actividades, entre las que ha incluido "los 170 días de ocupación efectiva" con diferentes eventos entre enero y octubre de este año.

Así, ha abogado por que en 2012, el Gobierno gallego trabajará "en esa línea de caminar hacia el futuro" y no "resucitar asuntos que la mayoría de los españoles tenía olvidados".

En lo tocante a este extremo, Castro ha defendido el "espíritu conciliador" de la Constitución española de 1978 frente a la Ley de la Memoria Histórica en la que el actual presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, "pensó que un abuelo suyo era más abuelo que los abuelos de los demás".

130 años de historia del PSOE

"Yo entiendo que les cueste entenderlo --en alusión a los populares-- porque no estuvimos todos en el mismo sitio", ha sentenciado Lage Tuñas en su toma de la palabra para criticar una falta de colaboración de la Xunta en el desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica, a la vez que ha remarcado que el Partido Socialista "tiene 130 años de historia", por lo que "no nació después de que la gente se convirtiese de la dictadura a la democracia".

Sobre esta cuestión, Castro ha respondido en alusión a los 130 años de historia de los socialista: "No voy citar nada que tenga que ver con la historia de su partido en los años 30", según ha dicho, "por delicadeza" hacia Lage Tuñas y la Cámara gallega, aunque ha matizado que "cualquier día que quiera" entrará a fondo en ese tema.

Asimismo, Lage Tuñas ha censurado el "silencio" de la actual Xunta y la "actitud reprochable" en lo tocante al "cierre" del Pazo de Meirás, al tiempo que ha recriminado que "no es posible" que siga habiendo calles que llevan el nombre de "asesinos y fascistas"

Radio Galega en Viana do Bolo

En otro orden de cosas, en la Comisión 1ª Institucional, de Admimistración Xeral, Xustiza e Interior, el BNG ha realizado una pregunta oral al Gobierno gallego sobre los problemas en la localidad ourensana de Viana do Bolo para la recepción de las desconexiones territoriales de la Radio Galega.

Así, el secretario xeral de Medios, Alfonso Cabaleiro, ha achacado estas anomalías a la orografía de la zona --debido al Macizo de Manzaneda--, y se ha comprometido a solucionar esta situación en un plazo aproximado de unos "cuatro o cinco meses", mediante una inversión de 30.000 euros.

En todo caso, ha asegurado que se trabajará por que en la desconexión de Lugo que se recibe en Viana do Bolo --en vez de la ourensana-- se incluyan contenidos de información de servicio público, al tiempo que ha reconocido "algunos problemas" en otras zonas limítrofes de montaña, aunque ha subrayado que "la principal prioridad" es que la señal de la Radio Galega pueda llegar a todos los ciudadanos, para lo cual se realiza "un gran esfuerzo".

Cargas administrativas

Por otra parte, en esta comisión también se ha respondido a una pregunta oral del Grupo Parlamentario Popular sobre las actuaciones de la Xunta relativas a la reducción de cargas administrativas para empresas y ciudadanos.

Al respecto, el Gobierno gallego ha criticado que durante el anterior Ejecutivo bipartito "no se llevó a cabo ninguna actuación", frente a "una mayor informatización" en esta legislatura que ha supuesto "un mayor ahorro".

De este modo, el director xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, Jaime Bouzada, ha destacado como "fundamental" la sede electrónica para el avance en esta materia, y ha puesto como ejemplo que una presentación telemática supone un coste de cinco euros mientras que una solicitud presencial equivale a 80 euros.

Además, Bouzada ha señalado que esta reducción de cargas queda manifestada en que, por ejemplo, en materia turística se han pasado de 223 documentos que tenían que presentar las empresas "a tan solo 24", así como en la adaptación similar a la directiva europea en otros campos.