La conselleira de Sanidad, Pilar Farjas, ha asegurado hoy que, en España, la asistencia sanitaria "no es universal", una afirmación que ha soliviantado a los grupos de la oposición, que han acusado a la Xunta de provocar "miedo" y crear "alarma" por su "destrozo" de la sanidad pública.
El pleno del Parlamento ha acogido esta tarde un encendido debate sobre el derecho a la asistencia sanitaria, su cobertura, sus principios o su regulación con motivo de una interpelación formulada por la diputada nacionalista Ana Luisa Bouza acerca del acceso universal a la sanidad pública en Galicia, seguida de una pregunta del socialista Modesto Pose relativa a prestaciones asistenciales.
Tras el reproche del BNG al Sergas por realizar una "desactivación masiva" de tarjetas que, dada la presión política y ciudadana, "les hizo recular", Farjas ha comenzado su intervención sosteniendo que la Xunta "no sólo no está recortando" en servicios y prestaciones sanitarias, sino que "los está ampliando".
Por ello, ha defendido que el Gobierno gallego "salvaguarda el bienestar", lo que la ha llevado a ofrecer "tranquilidad" pero también a apelar al "esfuerzo colectivo", pues "ahora hay que gestionar la austeridad", y consecuentemente establecer prioridades.
Pero "usted no tiene las ideas claras", ha espetado a Bouza, para seguidamente aseverar que "en España la asistencia sanitaria no es universal", y que incluso el Gobierno central reconoce a 300.000 españoles sin derecho a esta asistencia, ha precisado.
Además, ha añadido que "los autónomos saben que en España no tienen garantizado el derecho a la asistencia sanitaria" por la sanidad pública.
"Sólo es universal con matices -ha argumentado-, porque así lo estipula el Gobierno de España y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que incomprensiblemente sigue siendo el que autoriza las coberturas".
Por el contrario, Farjas ha asegurado que Galicia "garantiza, garantizó y garantizará la asistencia a los gallegos en paro a los que el Gobierno de España no se la garantiza y da de baja en la Seguridad Social", una medida puesta en marcha con el procedimiento administrativo con el llamado Código 29, por el que las personas dadas de baja son automáticamente dadas de alta por la Xunta.
Este código, detalla la Consellería, no diferencia desempleados con o sin recursos y garantiza la misma tarjeta sanitaria y las mismas prestaciones de la cartera de servicios del Sergas.
De esta manera, la Xunta sostiene la asistencia a los pacientes evitando la falta de cobertura de los parados de larga duración hasta el 1 de enero por la "falta de medidas" del Ejecutivo central, según Farjas.
"Los gallegos pueden estar tranquilos, ya los pondrá usted nerviosos", ha replicado Pose, quien se ha preguntado cómo la conselleira puede decir que la asistencia sanitaria no es universal y le ha reprochado que ella "no quiere" que lo sea.
El diputado se ha referido a que ello podría ser así si se recurre a normativa preconstitucional y ha insistido en que los integrantes de la Xunta crean "ansiedad" después de cada reunión del Consello, por lo que les ha pedido "un poco de seriedad".
"¿Qué autónomos no tienen derecho a la asistencia sanitaria?", ha vuelto a preguntarse, para concluir: "Renuncio a debatir por indocumentado", ha dicho en referencia a determinada información que ha pedido y no le ha sido remitida.
Por su parte, Bouza ha pedido un "mínimo de coraje" a Farjas para que "dé la cara" y explique en el Parlamento el "destrozo que están haciendo con la sanidad pública" y "que no habrá recortes", pues los ciudadanos "tienen miedo" porque, tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como la propia conselleira, "los alarman".
En opinión del parlamentario popular Miguel Santalices, la Constitución Española y la ley de salud pública garantizan el derecho de asistencia sanitaria y "esto es impepinable", si bien el Instituto Nacional de la Seguridad Social "corta" este derecho.
Santalices ha acusado a los socialistas de "matonería política" cuando trataron de "amedrentar a la población" con un folleto donde se especificaba el coste de consultas o intervenciones, un comportamiento por el que ya recibieron "su merecido" en las elecciones, ha dicho.
La conselleira ha concluido el debate lamentando las "insidias" de la oposición y destacando los principios de legalidad y coherencia jurídica que rigen sus actuaciones.
