R. PRIETO | A CORUÑA La Justicia argentina investiga la dictadura de Franco. Un año y medio después de que el hijo de un gallego fusilado en 1936 promoviese en el país austral una demanda para sentar en el banquillo a los responsables de los miles de fusilamientos cometidos tras la Guerra Civil, la juez federal argentina María Servini de Cubría pide a España que aporte información sobre ministros de la dictadura franquista, entre ellos Manuel Fraga, y de responsables de las fuerzas de seguridad.

"Se trata de investigar y clarificar lo que ocurrió y de depurar las responsabilidades pendientes", apunta el abogado Gustavo García que en abril del año pasado presentó en Argentina una lista con más de 5.000 víctimas gallegas del franquismo así como el apoyo de una veintena de familias de represaliados en Galicia a la querella impulsada por el lucense Darío Rivas, afincado en Buenos Aires desde los 9 años, para abrir un juicio en el país austral por el "genocidio" del régimen de Franco bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en terceros países.

A la querella promovida en abril de 2010 por Rivas se sumaron la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), grupo originario del Bierzo leonés promotor de las primeras exhumaciones del franquismo en España, así como las Madres de Plaza de Mayo y el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Darío Rivas tiene claro que todavía hoy hay "responsables" de estos "asesinatos" que deben sentarse en el banquillo para rendir cuentas a las familias de los más de 100.000 desaparecidos tras la Guerra y los más de 30.000 niños secuestrados. Esta lista negra de la dictadura franquista la encabeza, según Darío Rivas, el entonces ministro de Información y Turismo Manuel Fraga.

El exhorto de la magistrada solicita nombres y domicilios de los ministros -el expresidente de la Xunta fue ministro de Información y Turismo durante el franquismo- y jefes de las fuerzas de seguridad en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y 15 de junio de 1977. La demanda incluye a los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española y solicita el certificado correspondiente en caso de fallecimiento. La lista de documentación que reclama la magistrada se extiende también a las personas desaparecidas, asesinadas y torturadas en ese periodo, así como los niños apropiados y las empresas que utilizaron a presos políticos en campos de trabajo forzoso.

Servini de Cubría, una juez de alto perfil y con una trayectoria de compromiso con los derechos humanos, había archivado las actuaciones de acuerdo con un dictamen de la Fiscalía según el cual tales crímenes han sido o son investigados por la justicia española, lo que dio lugar a una apelación de la parte querellante. En septiembre del pasado año, la Cámara Federal declaró nula la decisión de la magistrada y aceptó la petición de la querella.

La historia va camino de repetirse, pero esta vez a la inversa. Corría el año 1999 cuando Baltasar Garzón solicitó la captura de un centenar de militares y civiles por las desapariciones de la dictadura Argentina. El proceso abierto por el juez de la Audiencia Nacional dio sus frutos: los ex militares argentinos Adolfo Scilingo y Ricardo Miguel Cavallo fueron enviados a prisión por orden del magistrado español, ahora acusado de prevaricación por tratar de investigar los crímenes del franquismo.

Una década después de que Garzón iniciase la investigación por el genocidio en Argentina, los familiares de víctimas del franquismo quieren que los responsables de los miles de fusilamientos de la Guerra Civil y la postguerra en España respondan ante la Justicia argentina. El gallego Darío Rivas, hijo del exalcalde de Castro de Rei fusilado en octubre de 1936, es el impulsor de la demanda presentada ayer en los tribunales de Buenos Aires para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Franco.