Lo que no ha hecho la Justicia española lo hará la argentina. Investigar los paseos del franquismo y la apropiación de más de 3.000 niños. Un día después de que la juez federal argentina María Servini de Cubría reclamase a España información sobre los ministros de la dictadura de Franco, entre ellos Manuel Fraga, y de responsables militares y policiales así como dirigentes de Falange, familiares de represaliados confían en que la Justicia, aunque sea al otro lado del Atlántico, ayude a las familias a conocer la verdad y depure responsabilidades.
"Estoy esperanzado en lograr justicia. Hay muchos testigos dispuestos a hablar en esta causa", asegura el gallego Darío Rivas, promotor de la querella presentada en Argentina hace ya año y medio para investigar los crímenes del franquismo bajo el principio de jurisdicción universal. Darío Rivas, afincado en Argentina desde los 9 años, se enteró por casualidad en 1994 del lugar en el que yacían los restos de su padre, exalcalde de Castro de Rei (Lugo), fusilado en octubre de 1936. En agosto de 2005, voluntarios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) exhumaron la fosa en la que había sido enterrado Severino Rivas Barja. Desde entonces, sus restos reposan en el panteón familiar. A sus 91 años, Darío Rivas mantiene la lucha por la memoria de quienes "murieron sin justicia".
Tal y como habían reclamado los demandantes en abril de 2010, la juez argentina encargada del caso acaba de solicitar al Gobierno español que le remita información sobre los domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad que actuaron tras la Guerra Civil (entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977), además de otros datos sobre delitos cometidos en ese periodo, como desapariciones, asesinatos, torturas y apropiación de niños.
A la iniciativa de Darío Rivas se sumó la ARMH así como las Madres de Plaza de Mayo y el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. En la actualidad hay más de 30 querellantes particulares, entre ciudadanos residentes en Argentina y españoles que enviaron su reclamo a la Justicia del país austral.
Colaboración
La ARMH espera que el Gobierno español colabore con Argentina en la investigación. Su deber, según apunta, es garantizar la Justicia a las familias de los 113.000 desaparecidos que "se han visto obligadas a buscar a miles de kilómetros del poder judicial español, que sostienen con sus impuestos pero que no ha construido ni un gramo de Justicia" para las víctimas del franquismo. Confía en que "se corrijan los errores" cometidos por el anterior ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y por el fiscal de Estado Cándido Conde-Pumpido, "que trataron de engañar a la Justicia argentina asegurando que los crímenes de la dictadura franquista ya estaban siendo juzgados en el Estado español".
