El Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela ha imputado al rector de la Universidad de Santiago (USC), Juan Casares Long, por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, informaron fuentes sindicales.
Los portavoces de CIG Paulo Rubido, secretario nacional de CIG-Servicios, y Raimundo Méndez, secretario de comunicación, cultura y deporte de la Federación de Servicios de UGT, informaron de este caso en una conferencia de prensa conjunta.
En la querella por lo penal aceptada por el juzgado compostelano, están también imputados el anterior gerente de la Fundación USC Deportiva, Carlos Feijóo Novoa, y la trabajadora Rocío Bulmes Fraga.
La abogada Eva Vales, que los acompañó en la comparecencia, explicó que por el primero de los delitos, la pena sería de 3 a 6 años de prisión y de 6 a 10 de inhabilitación y, por el segundo, la misma pena de prisión e inhabilitación de 7 a 10 años.
El asunto se inició con los primeros pasos para la realización de elecciones sindicales en la citada Fundación universitaria, en octubre de 2009, para su celebración en febrero de 2010.
El mismo día de presentación de las candidaturas, la Universidad decidió el despido de la trabajadora Pilar Díaz, candidata de UGT, que en primera instancia obtuvo una sentencia de nulidad, aunque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lo consideró improcedente, por lo que fue indemnizada, aunque llevó el asunto al Tribunal Supremo, donde ahora se encuentra.
Los sindicalistas denunciaron que la trabajadora despedida fue sustituida en un proceso que consideran irregular, por una empleada eventual, monitora deportiva de la piscina, que pasó a fija, "a dedo", y que es la tercera imputada por la demanda penal que presentó la CIG.
UGT, por su parte, presentó también una demanda contencioso-administrativa, por los defectos de la convocatoria, en que se valoraron un 30 por ciento la experiencia, de igual manera a los contratados parciales que a tiempo completo, y un 20 por ciento la entrevista, unas desproporciones que consideran ilegales, por lo que demandan su anulación.
Los representantes sindicales creen que el concurso fue organizado ad hoc para conceder la plaza a la persona que finalmente la obtuvo.
La abogada no descartó en la conferencia de prensa la posibilidad de que la querella se amplíe a otros delitos, como el de fraude o el de cohecho.
Rubido consideró que la Universidad no puede tener un rector con una imputación firme, por lo que demandó su "inmediata dimisión" y la apertura de un concurso público transparente y la apertura de una mesa de negociación para "racionalizar" la situación de la Fundación USC Deportiva.
También Méndez rechazó esta situación y consideró más "inadmisible" aún el despido de una candidata sindical en un ente público que en una empresa privada, y subrayó que el actual rector era conocedor de estas irregularidades.
